La Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto) decide llevar a los tribunales a las Administraciones Públicas, tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas, para exigir la devolución de los adelantos que las concesiones han efectuado en el marco del Plan 2000E de ayudas a la compra de coches, una deuda que asciende a 640.000 euros en Extremadura.
Según la agencia Europa Press, el presidente de Faconauto, Antonio Romero-Haupold, cifra en 13,9 millones de euros la suma que las Administraciones Públicas adeudan a los concesionarios en concepto de adelantos del programa de incentivos a la compra de coches y que no son reconocidas, ni por el Gobierno central ni por los ejecutivos autonómicos.
Además, Romero-Haupold advierte que en el segundo semestre del año, y como consecuencia del fin de las ayudas para la compra de automóviles, se dejarán de vender 150.000 vehículos, lo que pondrá en peligro 10.000 puestos de trabajo en el sector de distribución. En este sentido, apuntó que el Estado dejará de ingresar 480 millones de euros este año en concepto de impuestos del automóvil.
"Se va a hacer una reclamación judicial a las Administraciones Públicas", explica y resalta que esta decisión se produce tras un acuerdo alcanzado por el comité ejecutivo de la organización, y refrendado las empresas que la componen.
"El recurso se hará en el menor período de tiempo posible", matiza y descarta que en Faconauto existe "consternación" por la actitud del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ya que en su opinión "no está dando la cara" ante el problema al que se enfrentan los concesionarios.
El presidente de la Federación comunica que las Administraciones Públicas mantienen una deuda total con los concesionarios de 58,3 millones de euros en concepto de los adelantos realizados por los puntos de ventas de las ayudas correspondientes al Plan 2000E.
De este total de deuda de las Administraciones Públicas, Romero indica que 44,4 millones de euros corresponden a operaciones en proceso de tramitación (3,6 millones en Extremadura), ya que la falta de recursos de determinadas comunidades autónomas "está retrasando los pagos de operaciones validadas y comprobadas".
Asimismo, señala que los concesionarios de automóviles españoles han adelantado otros 13,9 millones de euros, que no son reconocidos por las Administraciones Públicas como deuda, debido al retraso en la apertura del sistema informático que gestiona las ayudas.
Faconauto explica que, como consecuencia del colapso del sistema informático, sus asociados no pudieron grabar 11.880 operaciones por un valor de 5,9 millones de euros con cargo al presupuesto del Ministerio de Industria, y 16.095 operaciones, por un importe de 8 millones de euros, con cargo a las comunidades autónomas.
La patronal apunta que las concesiones "no supieron con antelación si habría partida presupuestaria para las operaciones que estaban realizando con cargo Plan", dado que el sistema informático se inició cuando ya se había comprometido el 70% del presupuesto de Industria y de las comunidades autónomas.
Por otro lado, Romero apostilla que, a pesar de estos problemas, el Plan 2000E ha sido bueno para el sector del automóvil, por lo que se solicita al Gobierno el mantenimiento de las ayudas a la compra de automóviles.
