El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura, José María Vergeles, ha denunciado hoy la "deslealtad" del Gobierno central en el Plan Estatal del Vivienda 2018-2021 por su "oscurantismo" y recorte de fondos, un problema que la Junta paliará con la mejor gestión de los pocos recursos asignados y con su plan autonómico.

Así lo ha dicho hoy en una rueda de prensa en Mérida Vergeles, que ha subrayado que hay muchas "sombras" e "importantes dificultades" en el documento para su aplicación en la región.

Según lo aprobado el día 15 Extremadura, y ante la que se abstuvo, contará con una ayuda máxima de 43.290.000 euros para subvenciones en el marco del plan, lo que supone 19 millones de euros más con respecto a la cuantía máxima establecida en el anterior Plan de Vivienda 2013-2016, que ascendió a 24.154.800 euros en la región.

Para poder lograr esta cuantía máxima, la Junta de Extremadura, como el resto de las comunidades, tendrá que aportar un 30 por ciento adicional de la financiación que le corresponde en este plan.

Vergeles ha explicado que parece que el documento está "diseñado" para que no pueda ser cumplido en la comunidad autónoma a causa de diversas "deslealtades" del Ejecutivo central, entre ellas el "oscurantismo" de su aprobación, a pesar de la perseverante cooperación extremeña, ya que sólo se ha informado de él mediante el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En cuanto al reparto de los fondos, ha continuado, el Gobierno sólo informó en una reunión del Consejo Sectorial de la Vivienda y que Extremadura se abstuvo porque, si no, correrían peligro sus recursos, y se han perdido 15 meses ya que el documento podría haber estado aprobado en el verano de 2017.

Ha agregado que la aprobación del plan sólo se ha producido merced a la presión de las regiones y del PSOE en el Congreso de los Diputados.

Ante todo esto, ha subrayado Vergeles, el Gobierno regional hará el mejor uso posible de este mal Plan Estatal "poniendo toda la carne en el asador" mediante el documento autonómico sobre la cuestión.

En este sentido, ha señalado que los 43,2 millones asignados a Extremadura serán bien utilizado a razón de unos 10 al año y con la "incertidumbres" como las de las líneas estatales de ayudas al alquiler ya que, a su juicio, el Ejecutivo no reguló los precios del mercado y provoca "una burbuja" ya que proliferan las viviendas vacías con fines turísticos y no diferencia entre las edades de los posibles arrendatarios.

También ha criticado no que hay una definición del concepto de "vivienda vacía", que las ayudas a las personas desahuciadas son "a cuentagotas" y sobre todo a costa de las regiones y los ayuntamientos, y que los apoyos a la rehabilitación de inmuebles provocan que casi en exclusivas sean habitados por personas con grandes recursos.

En cuanto a las ayudas a los jóvenes, el consejero ha explicado que se centran en los municipios de menos de 5.000 habitantes, por lo que se excluye a los jóvenes urbanos.