El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas han acordado hoy la constitución de un grupo de trabajo que evalúe la ley de dependencia y su financiación, según ha declarado a la prensa la consejera Bienestar Social y Familia de Cataluña, Neus Munté.
Lo han decidido en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, después de que varias comunidades, como Andalucía, Asturias, Aragón, Extremadura, anunciaran antes de la reunión que reclamarían este órgano.
El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha trasladado su apuesta por potenciar los servicios sanitarios y sociales, y establecer unos potentes mecanismos de coordinación entre ellos, en lugar de "fragmentar aún más la atención que reciben estos ciudadanos y ciudadanas".
Con estos argumentos, Vergeles y otros consejeros han conseguido que sigan en estudio estas modificaciones antes de aprobar el borrador definitivo.
El responsable de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura también ha mostrado su preocupación por la moratoria que se pueda establecer en la acreditación de los profesionales que atienden a las personas en situación de dependencia.
De esta decisión, ha manifestado, pueden depender muchos empleos, sobre todo en el medio rural y fundamentalmente empleo femenino.
Asimismo, ha advertido de que es necesario un gran pacto que permita que los profesionales del sector tengan una acreditación ordenada en función de sus competencias.
Antes del consejo, en declaraciones a los medios, Vergeles ha mostrado su sorpresa porque en el orden del día no se habían recogido temas fundamentales para el desarrollo futuro de las políticas sociales en todo el país, como la aplicación de la Ley de Régimen Local y la evaluación de la Ley de la Dependencia, que no se hace desde su aprobación en 2007.
"Lo que se ha aprobado hoy es la creación de un grupo de trabajo para poder avanzar, para poder trabajar en esta visión muy dispar entre el Gobierno y muchas de las comunidades, entre las que está Cataluña, en relación con la infrafinanciación de la ley de la dependencia", ha indicado la consejera catalana tras asistir a la reunión.
Munté ha explicado que, en la sesión preparatoria del consejo de hoy, se retiraron del orden del día tanto la evaluación de la memoria económica de la ley como el informe de valoración del sistema del año 2014 por "falta de acuerdo" y la "oposición de las comunidades", pues era "muy poco objetivo y muy poco riguroso".
La consejera catalana no ha confiado en que el grupo dé "resultados visibles" porque la legislatura llega a su fin y por las "posturas tan lejanas" que tienen varias comunidades autónomas y el Ejecutivo en cuestiones relativas al desarrollo de la ley y su financiación.
"Será difícil, si no hay una auténtica voluntad política de dotar a la ley de la dependencia como merece (...), que esto pueda progresar de manera rápida", ha considerado Munté.
Ha abundado en que la aportación por parte de las comunidades autónomas es "muy grande" y que son, junto con los usuarios y los ayuntamientos, los que, a su juicio, están "sosteniendo" el sistema.
Así, ha enfatizado, el reto pendiente, entre otros, es la "infrafinanciación crónica" de la ley.
Ha reprochado que el consejo de hoy haya servido "simplemente" para crear el grupo citado y la revisión de una serie de estrategias nacionales que sólo implican un "listado de actuaciones" por parte de las comunidades autónomas, "pero que no comportan ninguna inyección presupuestaria ni ninguna concreción".
"El ministro (Alfonso Alonso) ha hecho un balance en términos positivos de esta legislatura, que desde Cataluña no podemos compartir en absoluto", ha insistido, debido a los "recortes" de los servicios sociales y la dependencia.
También se ha "recentralizado más" con leyes que son "lesivas" para el modelo de servicios sociales como la de reforma de la administración local y la de infancia.
Ha denunciado también el "incumplimiento" por el Gobierno de las sentencias que obligan, ha asegurado, a territorializar entre las autonomías los fondos de la casilla del 0,7 % del IRPF para fines sociales.
En cuanto a la Estrategia Nacional para Personas Sin Hogar 2015-2020, la consejera catalana ha dicho que no es un documento que sobre pero tampoco "es un avance significativo porque no contiene ninguna concreción".
