La consejera de Hacienda de Extremadura, Pilar Blanco Morales, ha considerado hoy que establecer una quita de la deuda en el nuevo modelo de financiación a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es "un regalo envenenado" y "una injusticia intolerable para Extremadura".

La consejera ha sido preguntada por el hecho de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no descarte que pueda haber quitas de la deuda de las comunidades con el Estado.

Para Blanco-Morales, se trata de una forma "poco seria y rigurosa" de abordar el nuevo modelo de financiación autonómica, y ha añadido: "si esto quiere ser un guiño a no se sabe qué, tampoco nos parece que sea la forma de articular el Estado y de vertebrarlo".

A su juicio, sería una "injusticia intolerable" para Extremadura, acogida al FLA, y que "tuvo un Gobierno que irresponsablemente y para no someterse a las obligaciones de control y transparencia que supone la adhesión al FLA, prefirió dejar 600 millones sin presupuestar y más de 300 millones de facturas en los cajones".

La consejera ha argumentado que en las magnitudes relativas "Extremadura siempre sale perdiendo" porque su Producto Interior Bruto (PIB) es "pequeño".

Aunque ahora mismo el principal acreedor de la comunidad es el Estado, ha destacado que la ayuda que se recibe por parte de éste "no es una limosna", y decir lo contrario es "un insulto a la inteligencia", pues además "ayuda a la consolidación fiscal" de la región, en la que el Ejecutivo extremeño ha "avanzado" y con la que está "comprometido".

En su opinión, resulta "una broma de mal gusto" que se modifiquen las condiciones precisamente en el marco de debate del nuevo modelo de financiación con "un regalo envenenado de condonación de la deuda", porque ha dicho: "no todos tenemos ni hemos tenido la misma capacidad ni nos parece el momento".

La titular de Hacienda ha insistido en que este asunto les parece "engañoso", que no se corresponde a las "reglas del juego limpio" y que supone "postergar las comunidades que han incumplido y tienen más dificultades porque tienen menos riqueza".

Por ello, ha abogado por poner encima de la mesa "todos los recursos y todas las competencias" que tienen las comunidades y empezar primero "por el reparto vertical de los ingresos en atención a las competencias".