El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el Proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura y ha acordado su remisión a la Asamblea de Extremadura para su tramitación. Esta ley se hace "sin rencor ni revancha, solo por justicia y por los derechos humanos de aquellos que padecieron la represión más dura de la historia de España, nuestros abuelos", ha señalado la consejera de Cultura, Leire Iglesias, al explicar aspectos del texto aprobado hoy.

Esta norma, que incluye una memoria económica de 700.000 euros para ejecutar las acciones previstas, pretende desarrollar la ley estatal 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y establecen medidas de memoria histórica, y que ha supuesto un hito jurídico pero que ha encontrado limitaciones en su aplicación, sobre todo en materia de justicia y reparación de los daños sufridos por los represaliados.

El texto aprobado hoy tiene por objeto recuperar la memoria histórica de los extremeños que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil y la dictadura, restituyendo, reconociendo y rehabilitando la memoria de las que fueron represaliadas en la región.

También persigue la regulación de las políticas públicas para la recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura desde la II república hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978 en el ámbito de las competencias de la Junta de Extremadura, así como facilitar el conocimiento y estudio de la represión franquista acaecida en Extremadura y reconocer el derecho de la ciudadanía extremeña a la verdad, la justicia y la reparación, así como la protección, conservación y difusión de la Memoria Histórica y Democrática como patrimonio histórico y cultural de toda la población extremeña.

Además, contempla la creación de un censo de víctimas, y establece el derecho de los descendientes directos de las personas que murieron por el régimen franquista, que así lo soliciten, a exhumar a sus familiares y darles una sepultura digna, incluyendo todas las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas y cuyo paradero se ignore.

En este sentido, la Junta de Extremadura promoverá cuantas medidas de reparación sean necesarias a las víctimas así como a las organizaciones que contribuyeron a la defensa de la legitimidad democrática de la II República y de la democracia durante la dictadura franquista, mediante la elaboración de estudios y publicaciones, la celebración de jornadas y homenajes o la construcción de elementos de recuerdo y reconocimiento que garanticen una adecuada conciencia histórica de lo sucedido que se transmita a las futuras generaciones.

Además, se creará el Instituto de la Memoria Histórica y Democrática para el estudio, investigación, coordinación e impulso de las medidas establecidas en esta norma.