Prácticamente el 80% de las viviendas habitadas en régimen de alquiler en Extremadura carecen de contrato legal y, por tanto, el cobro del arrendamiento se realiza en dinero negro. Es decir, esos ingresos no se declaran ante Hacienda y no se les aplica ningún tipo de impuesto.

Esta cifra, que realmente es del 77,9% de los casos, según un informe del sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), convierte a la región en la comunidad autónoma con mayor proporción de alquileres que eluden el control de la Agencia Tributaria. Tan solo en las ciudades autónomas del norte de Africa --Ceuta y Melilla-- se registran unos niveles de fraude algo mayores (82%).

De esta forma y de acuerdo con los cálculos realizados por este colectivo a través de los datos del Instituto Nacional de Estadística y del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en Extremadura existen 32.127 viviendas alquiladas. Sin embargo, tan solo 7.000 de ellas han sido declaradas ante Hacienda. El resto, algo más de 25.000, están arrendadas de forma irregular.

Esta situación origina en la región un fraude de 28,6 millones de euros cada año y eso que, como recuerdan desde Gestha, en este estudio no se han incluido los alquileres de garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares. En el conjunto del país estás prácticas cuestan a las arcas del Estado 1.800 millones de euros anuales.

Junto a los extremeños, los murcianos, andaluces y canarios son los menos propensos a legalizar los alquileres mediante contrato oficial; mientras que por el contrario el comportamiento fiscal "más ejemplar se localiza en Aragón", donde sólo el 32% de los arrendamientos se realizan a espaldas de Hacienda.

TURISMO Y ESTUDIANTES En total, en toda España hay más de un millón y medio de viviendas alquiladas, de las que 977.000 no están declaradas. La mayor parte de estas irregularidades, según Gestha, se producen en arrendamientos "de temporada" en zonas costeras o turísticas. Pero también ocupan un lugar destacado los acuerdos contraídos con estudiantes o con inmigrantes, "cuyo domicilio suele ser provisional".

Ante esta situación, los técnicos del ministerio consideran que son necesarios nuevos esfuerzos "a corto y medio plazo" para combatir este fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales. Así, piden una mayor delimitación de los derechos y obligaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos, una agilización de los juicios o que se otorgue más autoridad a los inspectores para actuar ante estos casos. Con estas medidas estiman que el fraude y la economía sumergida se reduciría un 10% en España.