Un estudio de la Universidad de Extremadura pone de manifiesto que las zonas de mayor protección de la región es donde más despoblamiento se está produciendo en los últimos años. No puede ser que se queden los animales y tengan que emigrar las personas», manifestó José Antonio Monago, presidente del PP extremeño. «Parece como si en Extremadura todo costase mucho más por las razones de conservación que sean», apuntó el presidente regional, Guillermo Fernández Vara. Fueron algunas de las reacciones a la noticia que cayó como un mazazo sobre el sector de la fotovoltaica: el Gobierno emitía a principios del pasado mes una DIA (Declaración de Impacto Ambiental) negativa para dos de las cuatro plantas diseñadas en el gran proyecto de Calzadilla-Bienvenida. De esta manera, tras cinco años de espera, se dejaba a la mitad esta ambiciosa estructura que aspiraba a funcionar con 394,1 megawatios (MW), crear 1.800 empleos durante su construcción y convertirse en un referente europeo. De momento, sólo se han autorizado 224 MW, los cuales se reparten entre los términos municipales Medina de las Torres, Calzadilla de los Barros y, sobre todo, Bienvenida.

El rechazo tuvo como argumentos que su puesta en marcha supondría una amenaza para especies como la avutarda, el sisón, el aguilucho cenizo y el cernícalo primilla. El BOE recogía específicamente que conllevaría «impactos adversos significativos sobre fauna amenazada incluidas en el Régimen de Protección Especial, Catálogo Español de Especies Amenazadas y Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura». Y desde el Ministerio de Medio Ambiente insistieron: «El desarrollo del potencial solar de la región, con un impacto muy favorable, tanto desde el punto de vista ambiental como socioeconómico, no debe realizarse a costa de degradar la riqueza natural y paisajística del entorno».

Tras esta declaración de principios se abrió el debate de si el porcentaje de terreno reservado en Extremadura es demasiado elevado en comparación con el resto del país y si ese hecho supone un muro importante a la hora de plantear proyectos de desarrollo económico.

LAS CIFRAS / Según los datos que maneja el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la región ocupa el séptimo lugar en el ranking de comunidades con mayor área protegida. Esta supone un 34,22% de la superficie total, lo que significa una cifra prácticamente similar a la media nacional, que está en el 33,9%.

Canarias (77,33%), La Rioja (51,22%), Madrid (41,16%) y Valencia (39,38%) encabezan la lista, mientras que las zonas con menos terreno reservado son Melilla (sólo el 3,31%), País Vasco (23,71%), Murcia (24,48%) y la Comunidad Foral de Navarra (27,82%).

De este modo, de las 4.167.917 hectáreas que pertenecen a Extremadura, 1.426.186 estarían bajo reserva. En ese número se incluyen los Espacios Naturales Protegidos (elementos como árbol singular, corredor ecocultural, corredor ecológico y de biodiversidad, lugar de interés científico, monumento natural, paisaje protegido, parque natural, parque periurbano de conservación y ocio, reserva natural o zona de interés regional), la Red Natura 2000 (que alberga Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas de Espacial Conservación (ZEC)), y otras figuras más específicas (parque nacional de Monfragüe, humedales de importancia internacional, reserva de la biosfera o áreas privadas de interés ecológico).

En concreto, según los datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta, la superficie reservada en Extremadura está formada por 238 espacios.

SIN DESTACAR / Las cifras reflejan que la comunidad autónoma no destaca ni como zona muy protegida ni como área sin apenas superficie reservada, sino todo lo contrario: se encuentra en el término medio nacional.

Pero las interpretaciones y valoraciones que se hicieron de lo que se consideró otro hachazo a la fotovoltaica en Extremadura fueron muy diversas.

Mientras gran parte del discurso político defendía la línea de que quizás existe una excesiva protección, otras voces como representantes de Podemos o la asociación ecologista SEO/BirdLife, insistían en que el promotor del proyecto (Iberia Termosolar SL con una inversión de 160 millones) tenía alternativas viables y mejores para poder desarrollar las dos plantas rechazadas de Calzadilla de los Barros evitando así el impacto ambiental negativo.

Además, la resolución del Ministerio de Medio Ambiente lo dejaba bien claro: «El planteamiento y valoración de alternativas no ha sido correcto, ya que se considera que las medidas previstas por el promotor no son una garantía suficiente de su completa corrección o su adecuada compensación».

El alcalde de Calzadilla de los Barros, Antonio Galván, aseguró que se reuniría con el Ministerio y que seguiría peleando porque su municipio pudiera aspirar a crear empleo con la obtención de las dos plantas que faltan: «Se ponen medidas muy restrictivas. Y por la zona donde está pensada una de ellas ya pasa una autovía, de manera que sería compatible con la conservación», argumentó.

Por su parte, la promotora Iberia Termosolar defiende que durante todo el desarrollo del proyecto «se han atendido con especial interés todas las medidas medioambientales que debían tenerse en cuenta».

De momento, la mitad del proyecto continua sus trámites para poder iniciar las obras lo antes posible. Y, al mismo tiempo, se volverá a intentar pasar el filtro de Medio Ambiente para lograr el plan original.