Extremadura ha dado un primer paso para iniciar el traspaso de la Administración de Justicia al Ejecutivo extremeño. La consejera de Presidencia de la Junta de Extremadura, María Antonia Trujillo, asistió ayer a la constitución de la ponencia técnica. Este trámite supone el inicio del proceso de transferencia de medios personales y materiales a la comunidad autónoma. A este encuentro también asistieron los representantes del Ministerio de Administraciones Públicas.

En esta reunión, Trujillo manifestó la voluntad del Gobierno extremeño de iniciar el traspaso del servicio público de la justicia. Este acuerdo permitirá que la región extremeña alcance el máximo techo competencial que está contemplado en el Estatuto de Autonomía aunque ello no impedirá que la Junta pueda demandar, dentro del marco constitucional, un mayor número de competencias, tal y como contempla el reglamento estatutario extremeño.

REIVINDICACION

Después de esta reunión, la consejera de Presidencia de la Junta aseguró que se asumirán los medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia con la financiación suficiente. Esto supone, según la Junta, que para Extremadura no es suficiente el coste efectivo de los distintos capítulos presupuestarios, sino que demanda la financiación adicional que está suponiendo el desarrollo del pacto de Estado para la Reforma de la Justicia.

En la constitución de la ponencia se ha acordado la creación de distintos grupos de trabajo específicos respecto a valoración económica, informática y tecnologías de la información y la comunicación, obras y patrimonio y medios personales, antes de proceder al traspaso.

Asimismo, la consejera de Presidencia aprovechó su participación en este encuentro para reivindicar de nuevo la presencia de Extremadura en la Conferencia Sectorial de Justicia, así como en la Comisión de Coordinación, que ayer fue constituida, y de la que forman parte el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y todas aquellas comunidades autónomas con esta materia transferida, para afrontar la reforma necesaria de la Administración de Justicia.