Eugenio Alvarez, Alejandro Alonso e Ignacio Javier Martínez, consejeros de Agricultura, respectivamente, de Extremadura, Castilla-La Mancha y Navarra, mostraron ayer su rechazo frontal a que las ayudas agrarias se desvinculen de la producción tal y como se recoge en la propuesta de reforma de la PAC presentada por el comisario europeo de Agricultura Franz Fischler. Las declaraciones de los responsables agrarios de las tres comunidades se produjeron ayer durante las Jornadas Técnicas de Acorex, que finalizan hoy.
Así, Alvarez comentó que desacoplar las ayudas "no incentiva y es una barbaridad terrible", y agregó que, frente a la calidad, la reforma prima los criterios presupuestarios, que están en manos de Alemania y Francia. Por ello, el consejero extremeño reclamó al Gobierno central que busque aliados en la UE para evitar perjuicios a la agricultura española y extremeña.
Por su parte, Alonso incidió en que el documento de Fischler "es muy negativo", ya que, a su juicio, la propuesta encubre una rebaja en las ayudas. Según el responsable de Agricultura castellanomanchego, de prosperar la reforma, a la vuelta de dos años se habría expulsado del sector agrario a miles de agricultores que tienen explotaciones pequeñas y medianas y que "no van a soportar esta situación".
Finalmente, Martínez apostó por un desacoplamiento parcial, que beneficie a las explotaciones más sensibles, "como son las de montaña o las de zonas desfavorecidas, que son las que tenemos nosotros en los valles".
Según explicó, el desarrollo rural, cofinanciado con la UE, es muy positivo para Navarra, por lo que una modulación que generase recursos en este sentido podría ser buena. Sin embargo, agregó que la propuesta sólo destina una pequeña parte de lo que se ahorre a desarrollo rural, y el resto a las OCM de azúcar o leche.
Según las estimaciones hechas desde la Consejería de Agricultura de Extremadura, la reforma costaría a la comunidad autónoma en torno a 250 millones de euros, que se restarían de la PAC entre los años 2006 al 2013.
