Extremadura no contempla aplicar una subida regional a las pensiones no contributivas. La Consejería de Bienestar Social se decanta por la opción de aportaciones en especie como ayuda para los perceptores de estas prestaciones, antes que otorgar el complemento económico que llevan a cabo algunas autonomías como Andalucía o Cataluña. La Junta de Extremadura considera que el modelo que emplean es "más valido, más interesante y más beneficioso para quienes reciben estas pensiones".
Aunque el Gobierno central ha dado luz verde a que las comunidades puedan aplicar complementos económicos --siempre de carácter menor--, el Ejecutivo extremeño considera que la regulación mediante aportaciones en especie posibilita la dedicación de un mayor número de recursos económicos, además de mejorar la calidad de vida de los pensionistas que tienen derecho a las mismas.
Este modelo de política social involucra a varias consejerías extremeñas y destina para el colectivo de mayores y discapacitados ayudas en ámbitos como el fomento de empleo estable para los discapacitados, subvenciones para los desplazamientos interurbanos por carretera, financiación de productos y tratamientos en el ámbito sanitario o ayudas en educación para personas adultas o alumnos con necesidades educativas especiales, entre otros aspectos.
CUENTAS ECHADAS Extremadura cuenta en la actualidad con 17.500 mayores y discapacitados que son pensionistas no contributivos, para lo que la Junta de Extremadura ha destinado este año un presupuesto global de 34 millones de euros. Esta línea de actuación se inició en 1998, con el objetivo de consolidar "un modelo social más equilibrado".
Aún así, algunas comunidades mantienen su apuesta de aplicar la subida autonómica como una contribución más a los beneficiarios de las pensiones más bajas. La Generalitat de Cataluña concede, cada 4 años, una paga extra para equiparar la pensión a la subida real del Indice de Precios al Consumo (IPC). La última ayuda supuso una subvención de 23 euros. En Andalucía se aplica el complemento económico en un único pago. En el 2004, esta concesión les supuso a los pensionistas andaluces una subida de 75 euros al año.
La aplicación de un tramo regional similar al que aplica el Gobierno andaluz a sus pensiones más bajas supondría para las arcas de la Junta de Extremadura un desembolso de 1,3 millones de euros anuales (algo más de 200 millones de pesetas).
La Administración extremeña mantiene que su modelo es "más real e integral para el colectivo al que va destinado" y entiende que "los complementos en especie suponen mayores ventajas que un suplemento monetario. La suma de los gastos en programas de Bienestar Social permite destinar a mayores y discapacitados un 96,2% más que si se hubiera optado por la otra opción", matizan.
