Extremadura dejaría de ingresar unos 35 millones de euros al año en los próximos diez ejercicios si resulta aprobada la disposición adicional séptima que contiene la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña. En total, el conjunto de comunidades --sobre todo las más pobres-- dejarían de percibir 600 millones de euros anuales, cantidad que se destinaría a paliar el déficit fiscal que los partidos catalanes aseguran que tiene Cataluña por sus aportaciones a la solidaridad interregional.
Según los cálculos del diario económico Expansión , Extremadura perdería unos 350 millones de euros en el citado periodo correspondientes al Fondo de Suficiencia Nacional, que es un mecanismo de compensación para las regiones más desfavorecidas. La supuesta deuda fiscal del conjunto de España con Cataluña ascendería a 11.307 millones de euros, si bien el tripartido catalán se daría por satisfecho si el Estatuto recoge la recuperación de 6.000 millones en 10 años.
REGIONES PERJUDICADAS Al detraerse esta cantidad del Fondo de Suficiencia Nacional, lógicamente las comunidades más afectadas por las exigencias de la propuesta del Estatuto catalán son las que más dinero reciben de esta partida, es decir, las más pobres. De esta forma, Andalucía, Galicia, Extremadura y Castilla y León serán las autonomías más perjudicadas por este vuelco al reparto de fondos.
Según se aprecia en el gráfico, Andalucía dejaría de percibir cerca de 165 millones de euros anuales, mientras que Galicia perdería unos 68. Para las dos comunidades aportadoras netas a este fondo --Madrid y Baleares-- la exigencia de Cataluña tendría un impacto neutro.
La reacción de los expertos no se ha hecho esperar ante los efectos de la disposición. Especialistas del Foro Independiente de Asesores Fiscales citados por el diario económico aseguran que las exigencias financieras para Cataluña que se plantean en el Estatuto suponen un conjunto de cambios en el escenario nacional de tal calado que "requeriría de la reforma total de la Ley Orgánica que regula los recursos de las comunidades, algo que que no le corresponde tramitar al Parlamento Catalán, sino que sólo puede ser competencia del legislativo nacional".
