La predisposición era buena y la cita no defraudó. La VI Conferencia de Presidentes, que se celebró ayer en el Senado, logró que Gobierno y autonomías encontraran puntos de encuentro en temas como los plazos para la reforma del sistema de financiación autonómica, la crisis de los refugiados, una estrategia demográfica que permita frenar la despoblación, la financiación de la ley de dependencia o el pacto por la educación. «Ha salido bien porque estaba bien preparada. Ha cambiado el escenario y también la forma de trabajar, esto hace años no era posible», destacó al término del encuentro el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara. Se trata de la sexta vez que el cónclave se reúne (la última fue en octubre del 2012) y por primera vez desde que se creara en el 2004 no asistieron todos los presidentes autonómicos: Íñigo Urkullu (País Vasco) y Carles Puigdemont (Cataluña) fueron los grandes ausentes.
Quizá el tema más polémico de la Conferencia fue la reforma del sistema de financiación autonómica, que los presidentes se han comprometido a abordar en este año. Para ello, se acordó la creación de una comisión de expertos con representantes del Estado y las autonomías en el plazo de un mes. El objetivo es hacer una radiografía del modelo actual que permita medir el coste de los servicios y analizar «negro sobre blanco» la situación y los recursos que recibe y necesita cada comunidad para prestar los servicios en igualdad de condiciones. Así, las diferencias «no tienen que ver con los partidos, sino con los territorios», explicó Fernández Vara, pues aquellas comunidades que tienen un PIB más bajo «tienen que tirar de los impuestos».
La cuestión por tanto está muy ligada a la fiscalidad y en línea con los planteamientos andaluces, Extremadura se posicionó en la reunión a favor de la armonización fiscal: impuestos similares para todos para evitar que la gente «esté domiciliada en Madrid y viva en provincias». «Lo que queremos todos es suficiencia financiera, tener los colegios abiertos y los hospitales operando», destacó Fernández vara, que ya avanzó que el acuerdo no será fácil. Sobre el tema también se pronunció, por la mañana, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, que acompañó al presidente a la reunión.
La titular de Hacienda abogó por implantar medidas que eviten que entre las comunidades se llegue a la «competencia» de ver cuáles rebajan más impuestos o en mayor medida, y menos si estas rebajas se aplican «sin criterio». En concreto, citó el impuesto de sucesiones (la presidenta andaluza, Susana Díaz, fue más allá y habló también del IRPF) a su juicio un ejemplo de «discriminación profunda» porque en ocasiones se establece en función del lugar del domicilio de persona de la que se hereda. Por todo ello, Blanco-Morales defendió que el nuevo sistema debe basarse en los principios constitucionales de equidad, solidaridad e igualdad.
SISTEMA SANITARIO
Fernández Vara también expuso en la conferencia que en la financiación de este nuevo modelo de financiación se tiene que «poner la lupa» en el sistema sanitario. A su juicio, es necesario que esa comisión de expertos debe hacer un análisis del actual modelo y ser conscientes de que el sostenimiento del sistema «cuesta dinero». «La sanidad puede descabalgar las cuentas de la noche a la mañana», advirtió el presidente, que como ejemplo puso el coste de los tratamientos contra la hepatitis.
En líneas generales, el jefe del Ejecutivo extremeño se mostró satisfecho con la reunión y consideró que ha sido «una buena sesión de trabajo». «Es muy importante que este órgano sobreviva porque en la España federal a la que aspiramos tendrá un papel fundamental», aseguró. Al margen de la financiación, desde Extremadura también se planteó al resto de presidentes «una reflexión en profundidad» sobre el cambio climático, la igualdad de género o el consumo masivo de alcohol por parte de los menores, problemas todos a los que la política «no les puede dar la espalda». De la cita, Vara también destacó los acuerdos alcanzados en materia de empleo y educación, dos temas que consideró «pilares fundamentales», o aquellos que afectan a la función pública: se trabajará para flexibilizar la movilidad de los funcionarios entre regiones y se permitirá aumentar las tasas de reposición siempre que esto no suponga un aumento del gasto en el capítulo de personal.
