Extremadura ha dejado de ingresar en el último año 15,6 millones de euros que deberían haber sido transferidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para financiar la Ley de Dependencia. Con esta cantidad, según informó ayer la Junta, se podría haber atendido a 2.638 dependientes más y generarse 693 puestos de trabajo en el sector.
Estos datos se recogen en el XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, un informe elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales del que ayer se hizo eco el Ejecutivo autonómico en un comunicado. Según el estudio, este recorte de 15,6 millones de euros se debe a la supresión del nivel de financiación acordado entre el Estado y las comunidades (al 50%) y la rebaja del nivel máximo (13%) que impuso el Gobierno central en 2012.
El dictamen pone también de manifiesto, según la Junta, que Extremadura es la segunda autonomía con mayor incremento en el número de solicitudes, un 3,12%, y la quinta en personas atendidas sobre la población total con casi un 10% más de beneficiarios que en el 2015.
EMPLEO / La posición de Extremadura también es positiva en relación al empleo, ya que es la segunda comunidad en generación de puestos de trabajo en este sector. Otros datos referidos a Extremadura son los de personas beneficiarias sobre la población total, donde la región se encuentra por encima de la media nacional, al igual que en solicitudes.
Respecto al número de personas en lista de espera (con derecho reconocido y pendientes de prestación), también se sitúa «por encima de la media y con una importante mejora». La región reduce en casi cinco puntos el número de personas que esperan la prestación, incluidas las de dependencia moderada, cuya incorporación retrasó el Gobierno de España hasta 2015, cuando se produjo el aluvión de las incorporaciones de este Grado 1.
También aprueba y mejora Extremadura respecto al 2015 en el equilibrio entre servicio y prestaciones, en los servicios de proximidad, en gasto público y en transparencia por hacer público el certificado de financiación.
A pesar de esta «favorable evaluación», la Junta destaca que va a seguir trabajando en el incremento de los servicios públicos, así como en la coordinación efectiva con la red de servicios sociales de base, donde en la actualidad no existe esa coordinación. También se está trabajando en el desarrollo de un sistema de información en tiempo real.
