La región ha perdido casi uno de cada diez efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en menos de seis años. Entre el 31 de diciembre del 2011 y el 30 de septiembre del 2017 la suma de las plantillas de ambos cuerpos en Extremadura ha pasado de 4.147 agentes a 3.773 (374 menos, un 9%), según se desprende de las respuestas del Gobierno central a varias preguntas formuladas desde el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados.

El descenso extremeño es algo superior al registrado en el conjunto del país, donde ha sido del 7,8%, y ha venido motivado fundamentalmente por la disminución en la oferta de empleo que, de forma generalizada, ha sufrido el sector público durante los años de crisis económica y que ha impedido ir cubriendo las vacantes a medida que estas se producían, sobre todo por jubilaciones.

El recorte más acusado se ha producido en la Policía Nacional, que cerró septiembre pasado con 1.028 agentes en la comunidad autónoma, 178 menos de los que había al acabar 2011, lo que se traduce en una merma del 14,8%. De ellos, 1.013 son activos, tres están en segunda actividad con destino y doce son alumnos en prácticas.

Pedro Donoso, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), incide en que esta disminución lleva a «prestar un servicio de mucha peor calidad al ciudadano». La carencia de efectivos dilata los periodos de respuesta y puede repercutir en la presencia policial en las calles pero, además, también aumenta la «inseguridad física» y la «peligrosidad» para los funcionarios si, por ejemplo, un coche necesita apoyo y no puede contar con él. Tampoco, continúa Donoso, puede garantizarse que la seguridad de los detenidos tenga «la consistencia que debería, porque a lo mejor solo hay un funcionario, como ocurre en Badajoz, para la custodia de tres o cuatro personas». «El ciudadano no se merece esto», remacha este responsable sindical.

De acuerdo a los cálculos de este sindicato, el descenso real de efectivos en la región es incluso mayor, «del 18% por lo menos». Entre otras cosas, precisa Donoso, porque estos datos «no contabilizan los funcionarios que están en promociones de ascenso, o en unidades de intervención», y cuyas plazas no pueden cubrirse porque las tienen en propiedad. Tampoco a quienes salen de Extremadura en comisión de servicio y que siguen figurando aquí «aunque no estén». «El último ejemplo son dos funcionarios que han estado en comisión de servicio en Archidona» —en esta localidad malagueña el Ministerio del Interior decidió en noviembre pasado habilitar las instalaciones de una cárcel aún sin estrenar como un centro temporal de internamiento para inmigrantes—, recalca.

A día de hoy, en la comunidad autónoma está cubierto algo menos del 82% del catálogo de activos que se contempla para la región —el número de policías que, según Interior, debería haber—. No obstante, Donoso destaca que, aunque el déficit de personal sea generalizado, en cómo este influya tiene mucho que ver la forma de manejar cada plantilla. «Si hay un responsable de una comisaría que sabe gestionar los recursos humanos que tiene, habrá menos problemas». Problemas que se han producido, afirma, en el caso de la comisaría de Mérida, a pesar de tener «un catálogo de puestos importante». «Si con 223 funcionarios no eres capaz de gestionar la situación y de sacar, por ejemplo, cuatro radiopatrullas diarios, pues algo falla», esgrime. Una situación que, confía, cambie con el nuevo comisario.

Por lo que respecta a la Guardia Civil, sus efectivos disponibles en la región han disminuido un 6,7% en los últimos seis años, de 2.941 a 2.745. De este total, 2.647 son activos, 49 tienen la condición de reserva ocupado y otros tantos son alumnos en prácticas. En este caso, la proporción del catálogo de activos que está cubierta es de algo más del 88%. «Se necesitan muchos más guardias civiles en Badajoz y Cáceres», subraya Julio Parra, secretario de Comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Badajoz, que apunta que este es un problema que afecta a «muchos otros lugares de España». «Este año las vacantes que han salido para toda la provincia de Badajoz han sido solo ocho, cinco de ellas para la especialidad de tráfico y tres para la de seguridad ciudadana», pone como ejemplo de la falta de renovación de la plantilla.

Además de contar con un mayor número de efectivos, desde esta asociación se considera necesaria la reagrupación de muchos de los cuarteles ubicados actualmente en pequeñas localidades en las que apenas hay delincuencia en otros de mayor tamaño para así ganar eficiencia. «De qué nos vale tener ya acuartelamientos en pueblos de ochocientos habitantes», se pregunta Parra, que defiende que hay que adaptar «al siglo XXI» una distribución que fue pensada cuando «se iba de un pueblo a otro a caballo», lo que hacía mucho más lentos los desplazamientos.

El año pasado, el Gobierno aprobó la mayor oferta de empleo público para las fuerzas de seguridad en cerca de una década. En ella se incluían 5.197 nuevas plazas para Policía Nacional y Guardia Civil (3.331 y 1.866, respectivamente), una cifra que tanto Donoso como Parra consideran insuficiente.

En el caso de la policía, el portavoz del SUP hace hincapié en que se está «vendiendo algo que no es real, que está habiendo una reposición, pero lo que no saben, o sí saben y no lo se lo dicen a los ciudadanos, es que en las promociones de 1977, 1978, 1979 y 1980, que son las que se van a ir jubilando progresivamente a partir de ahora, entraron 7.500 funcionarios cada año», arguye. Muchos de ellos, resalta, continúan aún en activo, «así que el déficit se va a seguir incrementando, salvo que saquen una macroconvocatoria como hizo en su momento el Partido Socialista». Algo de lo que de momento, puntualiza, «no hay visos».