La comunidad autónoma extremeña sigue estando a la cola en cuanto a la aplicación de la ley de dependencia y suspende con una nota de 4 sobre 10, según la valoración que refleja el III Dictamen de Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales con datos a 30 de junio de este año. Los dos anteriores dictámenes también le daban un suspenso, pero mientras otras comunidades, como Baleares, han mejorado y salido de posiciones retrasadas, Extremadura se mantiene entre las que peor puntuación obtienen después de analizar diez indicadores objetivos, tales como la normativa, el apoyo de los ayuntamientos, el equilibrio entre prestaciones y servicios, las solicitudes, nuevas leyes autonómicas, buenas prácticas y prestaciones sin especificar, entre otros.

A tenor de este último dictamen, solamente están por detrás de Extremadura la Comunidad Valenciana; que obtiene una nota de 3,5; Madrid (3), Canarias (2,5) y Murcia (0,5). Además, el observatorio señala que casi el 53% de los extremeños que han solicitado las ayudas que contempla esta ley aún no han sido atendido, lo que supone en torno a 10.000 personas, frente al 38% de media en España.

POLEMICA POLITICA Otro dato destacado es que el 43% de los que han pedido estas ayudas ya las reciben en la región, 14 puntos por debajo de la media española. Es el tercer porcentaje más bajo tras Madrid y el País Vasco.

Esta misma semana el PP extremeño ha criticado la política de la Junta en esta materia y, sobre todo, en la relativa a la ayuda a domicilio. Los populares han denunciado que Extremadura es la región que menos financia la ayuda a domicilio de los servicios sociales de base de los ayuntamientos, con 6,18 euros por hora, frente a los 12,71 de media en España.

Sin embargo, desde el Ejecutivo regional se destaca que existen convenios suscritos con 34 ayuntamientos para la atención específica a personas en situación de dependencia, en virtud de la esta ley, en la que, "además de establecerse una forma de copago del servicio, la decisión del acceso al mismo la realiza la propia Junta y la financiación que realiza ésta es mayor".

Al margen de estas comunidades autónomas que no están haciendo los deberes en esta materia, según este colectivo, la aplicación de la ley se está desarrollando muy bien en otras regiones, sobre todo en Andalucía y País Vasco (con una puntuación de 8,5), seguidas con un 8 por La Rioja y ambas castillas.