La negociación del modelo de financiación autonómica vivió ayer un primer encuentro entre las partes implicadas. Fue en Madrid, en el seno de un Consejo de Política Fiscal y Financiera presidido por el vicepresidente Pedro Solbes. En este foro, el consejero extremeño de Hacienda, Angel Franco, expuso que Extremadura no aceptará "en ningún caso" que la comunidad perciba con el nuevo sistema menos dinero del que ingresa ahora. Así, rechaza que el nuevo modelo restrinja la suficiencia a la salud, el bienestar social y la educación, como piden regiones como Cataluña, Valencia, Madrid y Baleares, al considerar que hay otros servicios que se deben tener en consideración, como la vivienda o las infraestructuras.
El objetivo del Fondo de Suficiencia es garantizar la financiación necesaria para la prestación de los servicios en condiciones iguales para todos los españoles.
En el caso de Extremadura este fondo es de vital importancia, ya que supone el 68% del presupuesto total que recibe procedente de la financiación autonómica. En concreto, Extremadura recibió 2.818 millones de euros en 2006, de los cuáles 1.912 procedieron de este fondo.
Asimismo, Extremadura defiende la multilateralidad en la negociación de las partidas que el Estado debe traspasar a las comunidades. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, José Montilla, ya avisó que negociará su partida presupuestaria directamente con el Gobierno.
Por otro lado, Extremadura tampoco aceptará que se utilice el criterio poblacional como el único a la hora de distribuir los recursos financieros, y apuesta por otras variables como la dispersión geográfica, medida tanto en la extensión territorial como en la densidad de población, o el coste de accesibilidad a los servicios en todo el territorio.
El consejero extremeño se mostró de acuerdo con los principios esenciales que marcarán la negociación del nuevo modelo que fueron expuestos por el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, quien anunció además que se reunirá de forma "inminente" con todas las comunidades en encuentros bilaterales para empezar a definir la financiación autonómica.
De esta forma, con el fin de asegurar la unidad de mercado, el Estado se reservará en exclusiva los recursos provenientes del Impuesto de Sociedades. También recogen el objetivo de asegurar la suficiencia financiera del Estado, de acuerdo con el peso de sus competencias, que en el momento actual supone mantener el 50% del gasto público.
Además, estos principios incluyen el compromiso de garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de donde residan, tengan igual acceso a los servicios públicos fundamentales, y que todas las comunidades autónomas puedan financiar sus competencias. También se introducirán correcciones en el sistema actual que tengan en cuenta la evolución de la población y otras variables que beneficien a las comunidades menos dinámicas, aumentar la cesión de impuestos y potenciar la corresponsabilidad fiscal de las regiones, permitiendo espacios fiscales propios que posibiliten las decisiones de mayor gasto que una comunidad pueda adoptar.
