Solo en los últimos dos años Extremadura ha recibido más peticiones de asilo que en los ocho anteriores. Los conflictos disparan los flujos de migrantes forzados que marcan una tendencia al alza desde 2015 en España y en la región. En los primeros seis meses del año el país ya bate récords de demandantes de protección internacional con más de 17.000.
Aunque la región no acumula el grueso de solicitudes de protección internacional, lo cierto es que desde el año pasado casi un centenar de personas han reclamado refugio en Extremadura, 35 el año pasado y 52 este año, según fuentes del Ministerio del Interior. Solo la cifra correspondiente hasta junio multiplica por cinco los números de hace una década. En 2008, Interior recibió 14 peticiones. En 2009 y 2010 disminuyó hasta los 13. En 2012 se redujo a las dos solicitudes y en 2013, subió una más y aunque el punto de inflexión se tradujo en 2016, 2014 y 2015 experimentaron un ligero incremento con el inicio del conflicto en Siria.
En cuanto a la procedencia, Venezuela es el país que más demandas acumula. El conflicto político ha generado que los opositores al gobierno de Maduro abandonen el país latinoamericano en masa. Este año, 5.000 venezolanos inician su particular diáspora y reclaman asilo en el país, 15 en Extremadura frente a los 3 del año 2016. De hecho, desde hace unos meses el centro de refugiados de Mérida acoge a una familia venezolana acogida a esta demanda.
El portavoz de Refugiados Extremadura, Juan Zúñiga, achaca este incremento de Venezuela a las similitudes entre España y el país latino en cuanto a lengua y a cultura a grandes rasgos. «Es idioma es de gran ayuda para la integración», argumenta. Honduras (4), Ucrania (4), Colombia (4), Guinea (3), El Salvador (3), Siria (2), Irak (2), Costa de Marfil (2), Albania (1), Bielorrusia (1), Camerún (1), Cuba (1), Liberia (1) completan las nacionalidades de demandantes de asilo.
El perfil de demandante de asilo ha cambiado. «El sirio o el venezolano que ahora pide refugio ha mantenido hasta el momento en el que ha estallado el conflicto un perfil socioeconómico como se puede mantener en cualquier país, las posibilidades de integración son mayores», asevera.
BAJA RESPUESTA // A pesar del aumento significativo de demandas en los dos últimos años, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncia la baja respuesta gubernamental. En España resolvió 6.000 expedientes favorables con rango de protección subsidiaria -que dura cinco años- y solo reconoció la condición de refugiado a 350 personas. Lo relevante de este dato es que prácticamente un 90% de las peticiones concedidas a ciudadanos que huyen del conflicto sirio. Zúñiga apunta que la viralización «del conflicto sirio en los medios» ha provocado que la respuesta institucional se agilicen los trámites para esta nacionalidad.
Cabe destacar que la mayoría de los refugiados que llegaron a la región este año proceden de Siria, pero estos pertenecen a los cupos del acuerdo europeo que expira en tres días. Al respecto, CEAR valora que se agudicen los trámites pero cree «preocupante» que se negara el mismo trato a quienes escapan de otros conflictos como Ucrania o Malí. En cualquier caso, el portavoz de Refugiados Extremadura alega que el proceso de resolución de los informes es «lento», anota que la «ley es restrictiva» y «puede prolongarse durante más de un año».
La legislación española establece de acuerdo con el artículo 13 de la constitución española y la Convención de Ginebra, el procedimiento para que las personas apátridas o de terceros países puedan pedir asilo. Las solicitudes se pueden pedir por tres vías: desde los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en las oficinas de asilo y refugio (OAR) o a través de las embajadas -pueden promover o agilizar el trámite, es lo que se conoce como acceso indirecto-. Justo es la OAR la que determina si se deniega o se admite la demanda. Si se archiva, solo queda presentar un recurso legal de revisión. Si se admite, la solicitud pasa por distintos organismos de dos formas: con carácter de urgencia -que se prolonga durante tres meses- o con proceso ordinario -el más habitual que se puede prolongar hasta seis meses-. La decisión corresponde a la comisión interministerial de asilo y refugio y el que resuelve es el Ministerio del Interior.
