Cada extremeño debería destinar 87 días de trabajo en 2018 para amortizar la deuda de la región, un tiempo ligeramente inferior a la media nacional, que está en los 88 días.

Así, las comunidades donde se necesitan más días para amortizarla son la Comunidad Valenciana (151), Castilla La Mancha (128) y Cataluña (123), según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

En el otro extremo se encuentran las comunidades donde se necesitan menos días para pagar la deuda, que son el País Vasco (50), en Canarias (52) y Madrid (53).

Así, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera que la reducción de la ratio de deuda sobre el PIB en 2017 hasta el 98,4% fue "baja", ya que a pesar de un crecimiento superior al 3%, por tercer año consecutivo no se cumplió con la reducción de dos puntos porcentuales de deuda establecida en la Ley de Estabilidad para años en los que la economía crezca más del 2%. No obstante, ve "probable" la senda de reducción prevista por el Gobierno en el medio plazo.

Así se desprende del 'Observatorio de deuda' del cuarto trimestre, publicado hoy por la AIReF, que continúa proyectando una senda "levemente decreciente" sobre la deuda pública, por lo que sigue estimando que la consecución de los valores de referencia legales para el conjunto de las administraciones públicas no se producirá antes del año 2035.

En cuanto a las comunidades autónomas, el observatorio refleja que las mejor situadas son Islas Canarias, Madrid y País Vasco, que alcanzarían un nivel cercano al valor de referencia establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (13% de su PIB) dentro de los próximos tres años.

Por el contrario, regiones como Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia no lograrían llegar al nivel de referencia hasta después de 2040 bajo los supuestos del escenario neutral.

De su lado, destaca que solo el subsector de corporaciones locales ha sido capaz de alcanzar el valor de referencia ya en 2016, anticipándose al 2020, año previsto en la disposición transitoria primera de la Ley de Estabilidad, y señala que la "imposibilidad fáctica" de cumplir con dicha disposición para la mayoría de los subsectores llama a una revisión de la misma, de modo que prevea sendas "exigentes pero realistas".

Por primera vez, la AIReF publica una nueva herramienta interactiva que permite realizar un análisis más detallado sobre la sostenibilidad de la deuda de las distintas administraciones públicas.

Deuda por administraciones

La ratio de deuda sobre el PIB para el conjunto de las administraciones públicas se situó en el 98,3% (1,14 billones) al finalizar 2017, disminuyendo 0,3 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del año, según datos del Banco de España, mientras que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) se recoge una décima más (98,4%).

Según constata la AIReF a partir de los datos publicados por el Banco de España, en el cuarto trimestre de 2017, el conjunto formado por la Administración Central y los Fondos de Seguridad Social alcanzó una ratio de deuda del 71,1% del PIB (827.240 millones), 0,1 puntos porcentuales por debajo del trimestre anterior".

En el caso de las corporaciones locales, la ratio bajó ligeramente hasta el 2,5% del PIB (28.950 millones) mientras que para el conjunto de las comunidades autónomas la ratio de deuda subió 0,1 puntos respecto del trimestre anterior y se mantuvo a nivel interanual en el 24,8% del PIB (288.110 millones).

En cualquier caso, la AIReF sigue considerando "probable" la evolución de la senda de la ratio de deuda de las administraciones prevista por el Gobierno en el medio plazo y contenidas en la actualización del Plan Presupuestario, que apunta a una bajada de la ratio de deuda hasta el 97,6% del PIB para este año.

Para el subsector de las regiones, la AIReF observa que los riesgos para la sostenibilidad financiera en el medio plazo siguen siendo altos, por el elevado nivel de deuda que ronda el 25% del PIB, aunque existen "ciertos signos de mejoría a nivel individual".

Por otro lado, los mecanismos de financiación representaron en 2017 más del 90% del total de emisión de deuda en Castilla-La Mancha, Cantabria, Canarias, Murcia, Galicia y Aragón. Según la AIReF, el resto de comunidades también cubrieron la mitad o más de sus necesidades de financiación recurriendo a mecanismos --con la excepción de Castilla y León que mostró un uso más contenido de dicho instrumento--, a excepción de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, que no han hecho uso de tales mecanismos en 2017.