Las cláusulas abusivas le cuestan al año a cada extremeño una media de 480 euros, lo que supone que una persona destina un 6% de su renta anual a pagar por una serie de servicios que no consume. Estas cifras corresponden a un estudio de la Unión de Consumidores de España (UCE) en el que se ponen de manifiesto prácticas que ya han sido denunciadas ante los tribunales y que deberán erradicarse cuando entre en vigor la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores que elabora el Gobierno.
Pero de momento los abusos están presentes en muchos sectores. Sólo la imposición de la plusvalía, la subrogación hipotecaria y el redondeo al alza del tipo de interés pactado en la hipoteca se llevan al año casi 300 euros. A ello hay que sumar, según la UCE, el redondeo al alza de las compañías de teléfono, el cobro por hora-fracción de los aparcamientos o la indemnización venal de las aseguradoras de automóviles --no pagar la reparación si el coste supera el valor de segunda mano del coche--, entre otras prácticas abusivas.
Con respecto a la telefonía móvil, la UCE calcula que los extremeños pierden 32 euros anuales por la facturación del primer minuto y los tramos de 30 segundos. Según la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, este sistema de redondeo ha permitido a las compañías cobrar a sus clientes a nivel nacional 1.385 millones de euros en el 2004, lo que equivale a 7.288 millones de minutos facturados pero no consumidos.
Además la Federación de Consumidores en Acción ha presentado un estudio en el que asegura que el 20% de los clientes sostiene que en alguna ocasión les han cobrado llamadas que no han realizado.
En cuanto a las cláusulas abusivas de los contratos bancarios, como son tarifas, comisiones, exención de responsabilidad por pérdida, sustracción de cheques o fallos informáticos suponen a cada extremeño 60 euros al año.
La indemnización venal de las aseguradoras de vehículos, por otra parte, ronda una media de 90 euros anuales y el pago medio por el tramo horario en la utilización de párkings alcanza los 20 euros por persona.
Asimismo, la mayoría de contratos de compra-venta de vivienda, donde se imponen al comprador plusvalía, subrogación hipotecaria y enganches de agua se llevan 150 euros al año.
