El plan de asignación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), presentado por el Gobierno ante la UE, se ha mostrado especialmente tacaño con Extremadura, a la que se le otorgan para el periodo 2005-2007 un total de 640.203 toneladas de dióxido de carbono, que es lo máximo que las seis industrias extremeñas afectadas por el Protocolo de Kioto podrán emitir.

Esto supone que la media de derechos de emisión por habitante para este periodo es de 0,6 toneladas de CO2, cantidad veinte veces inferior a la media española, --que está en 11,5 toneladas por habitante--, y 40 veces menos que la de un ciudadano de Filandia, cuyo país tendrá la asignación más alta.

La racanería en el reparto es aún más evidente si se tiene en cuenta que España es uno de los países con menor asignación de derechos de emisión de GEI, sólo por encima de Portugal, y a mucha distancia de los países del norte europeo, como Alemania, donde los derechos medios por habitante son de 18 toneladas; Dinamarca, que está en 18,5 toneladas, o Finlandia, que alcanza las 26 toneladas.

POSIBLES PERJUICIOS La situación puede acarrear perjuicios para la región en el futuro por dos vías. Por un lado, el Plan Nacional de Asignación de gases no ha tenido en cuenta proyectos a punto de entrar en funcionamiento, como la cementera, a la que aún no se le han otorgado derechos de emisión. Además, transcurrido este primer periodo, la UE ya ha planteado --y los países miembros tienen obligación de acatarlo-- restricciones más fuertes en las emisiones.

Este hecho deja en una situación de incertidumbre los principales proyectos industriales planteados para Extremadura, como son la refinería, la ampliación de Siderúrgica Balboa o las plantas de ciclo combinado, todas ellas afectadas por Kioto.

La otra vía que puede afectar a Extremadura, relacionada con la primera, es que la regionalización de las asignaciones tal y como está deja a la región sin margen para obtener excedentes en derechos de emisión. De haber logrado una asignación más generosa, Extremadura podría jugar con esos derechos excedentarios, y venderlos a las zonas donde lo asignado no les llegase para cubrir la necesidad industrial.

Dado que la cifra que se maneja como precio base del derecho de emisión son diez euros por tonelada, este mercado de derechos puede reportar sustanciosos ingresos. Como ejemplo, apuntar que una instalación como la siderúrgica de Jerez, si tuviese que comprar derechos de emisión, debería pagar casi 2,5 millones de euros por año.

En cambio, con la asignación actual, y a expensas de que el reparto de la reserva de derechos con que cuenta España sea más generoso que lo hecho hasta ahora, las industrias en proyecto para la región tendrían que convertirse en compradoras, con lo que su viabilidad estaría seriamente comprometida.

Sin embargo, el recurso a la reserva de derechos es bastante limitado, ya que España apenas ha guardado para este fin 430.000 toneladas, que debería repartir por todo el país. Sólo la cementera extremeña emitirá 700.000 toneladas, es decir, el doble que la reserva nacional.