FACUA-Consumidores en Acción asegura que el Gobierno central prepara un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación del Estatuto de los Consumidores de Extremadura aprobada por la Asamblea en mayo, que obligaba a todas las gasolineras de la comunidad a contar al menos con un empleado. La asociación critica que el Gobierno, con esta actitud, «defiende los intereses de las empresas y la libre competencia y perjudica los intereses económicos y sociales de los usuarios y consumidores». Y recuerda que el acuerdo aprobado en la Asamblea, «largamente reivindicado por la delegación de FACUA en Extremadura», suponía «un paso más en la defensa efectiva de los consumidores».
La obligación de que al menos un empleado atienda las gasolineras permite a los usuarios pedir facturas o presentar hojas de reclamaciones, cosa que «no podrían hacer en el caso de que aquellas estuvieran desatendidas». También garantiza la seguridad de los usuarios, que no tendrían que manipular un producto abrasivo, y permite controlar quién, cuánto y de qué modo compra combustible.
De manera especial, la modificación estaba pensada para las personas con discapacidad que, pudiendo conducir, no pudieran repostar.
