No, pero sí. La falta de acuerdo entre los grupos de la oposición ha permitido al PSOE salvar la Ley de Emergencia Social de la Vivienda, una de las bazas electorales de Guillermo Fernández Vara que de entrada contaba con el no del PP, Podemos y Ciudadanos (C’s). El texto contempla la expropiación temporal de pisos y sanciones a los bancos con casas vacías para alcanzar el objetivo de «desahucios cero» en Extremadura. «Farsa» para unos por sus visos inconstitucionales y «un paso muy pequeño» para otros, la norma continúa finalmente su tramitación después de que en el pleno de ayer no prosperara ninguna de las tres enmiendas a la totalidad presentadas.
Tras criticar que la ley llegue a la Asamblea con un año de retraso pese a su carácter urgente --los socialistas se comprometieron a ponerla en marcha en los primeros 90 días de gobierno--, el PP y C’s coincidieron en rechazar el texto por ser «a todas luces inconstitucional», algo de lo que ya ha advertido el Consejo de Estado: la ley afecta a la regulación del derecho a la propiedad (en este caso de la vivienda) y este solo compete al Gobierno central, pues de otra forma se vulneraría el principio de igualdad entre todos los españoles.
Ambos defendieron que este texto no hará desaparecer los desahucios porque «hay fundamentos sobrados» para que el Estado impugne sus preceptos más importantes ante el Tribunal Constitucional y la legislatura acabe con la ley paralizada y sin poder aplicarse. Los dos se votaron sus enmiendas, pero no se aprobaron al no tener el apoyo de Podemos. Y es que para la formación morada, la inconstitucionalidad «depende de las gafas con las que se mire», pues también la vivienda digna es un derecho. Por ello, el colectivo entiende que la propuesta de la Junta se queda corta y acompañaron su enmienda con un texto alternativo que tampoco salió adelante. Entre otras cuestiones, recogía que el servicio de mediación se diera también en los alquileres privados.
CONFRONTACIÓN / «A ustedes no le interesa una Extremadura libre de desahucios, les interesa el enfrentamiento permanente con el Gobierno, legislar a golpe de efecto, a golpe de populismo. Son conscientes de que no pueden cumplir su promesa y por eso no han hecho los cambios que propone el Consejo de Estado para que la ley sea realmente viable. Así el culpable es otro y no el señor Vara», dijo a la bancada socialista el diputado del PP Saturnino López. El popular tildó de «farsa» la norma presentada por la Junta y la definió como «un descarado corta y pega» de las leyes de Andalucía (ya se declaró inconstitucional), Canarias, País Vasco y Navarra (están suspendidas cautelarmente).
Por su parte, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, señaló que la ley «choca» con otra de rango superior que es competencia del Estado, a su juicio «un defecto obvio». Domínguez, al igual que el PP, critió que la Junta no haya incluido en el proyecto de ley las recomendaciones del Consejo de Estadopara salvar sus aspectos inconstitucionales, un extremo que sin embargo negó el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles. «Ustedes no creen en esto, díganlo», les replicó.
Para el socialista, el veto del PP y C’s a la Ley de Emergencia Social de la Vivienda no obedece a cuestiones jurídicas, sino que es «puramente ideológico». Vergeles defendió que «el anclaje legal» de la norma es precisamente «la función social de la vivienda». Defendió que el texto es «centrado y equilibrado» y tras recordar que se pactó en la anterior legislatura con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), dijo que no interfiere ni distorsiona el mercado inmobiliario. Recordó además que cumple con el mandato constitucional del derecho a una vivienda digna y explicó los cambios introducidos de acuerdo a las recomendaciones del Consejo de Estado.
Detalló que el texto extremeño se tramitará como una ley, no como un decreto ley (ese fue el caso andaluz) y ante el riesgo de desahucio se obligará a la intermediación, «pero no a seguir y a llegar a un resultado». Además, para el derecho de tanteo que se reserva la Junta sobre las viviendas de protección que enajenen los bancos con el fin de destinarlas a alquileres sociales, se establece un periodo de alegaciones de 10 días. Y en los casos de la expropiación temporal del usufructo, cuando se agoten las vías vigentes, la ley regional tendrá carácter supletorio y complementario a la legislación nacional.
«No es cierto que la ley se vaya a aprobar para paralizarse en instancias superiores», defendió también la diputada socialista Ana Belén Fernández, para quien el texto «supone un antes y un después en las políticas de vivienda de la Junta» y el derecho a una casa digna. Pero para Podemos, sigue siendo insuficiente.
Daniel Hierro, diputado de la formación morada, señaló que la ley de la Junta «se queda corta» al dejar fuera cuestiones a su juicio muy importantes como la mediación para evitar los desahucios en los alquileres privados (según dijo estos superan ya a los desalojos por ejecución hipotecaria). La cuestión se recogía en el texto alternativo que acompañaba a su enmienda y que tampoco se aprobó al contar con el rechazo del resto de los grupos, incluido el PSOE, que sí tendió la mano a la formación para negociar enmiendas parciales.
