La falta de recursos humanos ha provocado el cierre de las oficinas de Cáceres y Badajoz del Defensor de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura, según explicó ayer el director de la institución, José Ramón Hidalgo, ante la Comisión de Sanidad y Dependencia de la Asamblea, para facilitar los datos recogidos por esta figura en la memoria del año 2007.

Según la memoria presentada "en tiempo y forma" el pasado 31 de marzo, la oficina cuenta con pocos medios personales para poder desempeñar "de manera eficaz", todos aquellos objetivos que la institución se ha marcado. Reivindicación que se lleva haciendo desde "hace varios años" y que ha conllevado que el pasado año se prescindiera de las oficinas de Badajoz y de Cáceres donde se prestaba atención al público.

José Ramón Hidalgo, reconoció ante los diputados en la comisión, que los medios humanos y el personal "lo estamos reclamando en todas las memorias" y lamentó que la falta de personal condicionará el trabajo del organismo "en función de los medios que tengamos".

Si bien es cierto Hidalgo advirtió, que la consejería de Sanidad y Dependencia, le adelantó poner a disposición de su institución más medios humanos, el traspaso en esta legislatura de la oficina del Defensor del Usuario a la consejería de Presidencia, ha "paralizado" el trámite.

Pese a todo ello, Hidalgo, subrayó que en la actualidad el personal que trabaja para la institución "viene afianzando el sistema de gestión de calidad y eficacia que se tiene implantado".

LISTA DE ESPERA Por otro lado, Hidalgo ratificó las cifras adelantadas en enero por este periódico sobre la gestión sanitaria en el 2007. Según la memoria, los pacientes extremeños tuvieron que esperar una media de 36 días para ser atendidos en primera consulta por el médico especialista, ocho días más de media respecto al año anterior. Pese a la "alarma" generada por este retroceso, apuntó que esta demora "está lejos del máximo de 60 días que establece la ley de tiempos de respuesta de atención especializada.

El documento también recoge las comunicaciones y reclamaciones de más de 10.000 ciudadanos hacia la institución en el pasado ejercicio, lo que dió lugar a la apertura de 556 expedientes. De ellos, 196 correspondieron a la aplicación de esa ley, y el resto, 370, hacen referencia a reclamaciones y sugerencias.

En cuanto a la totalidad de pacientes en lista de espera, que recoge la oficina en el documento hasta el 31 de diciembre pasado, el número ascendía a 32.953 pacientes. De los cuales, 12.740 están en lista de espera para ser intervenidos quirúrgicamente, 14.770 se encontraban en lista de espera para consultas diagnósticas y 5.443 estaban a la espera de ser atendidos por el especialista en los distintos centros sanitarios de la región.