La Unión de Consumidores de Extremadura ha detectado en la región prácticas fraudulentas por las que algunas compañías cambian el operador de telecomunicaciones sin el consentimiento del usuario. Estas prácticas, que según la organización afectan a 165.000 familias en toda España, han generado numerosas quejas de los usuarios en la región --como ejemplo, sólo en Badajoz, el sistema arbitral de consumo ha atendido cerca de 30 denuncias--.

Un informe de la asociación publicado en su último boletín informativo sostiene que son numerosos los abonados que han sido objeto de preasignaciones fraudulentas, denominadas slamming , una situación que "vulnera el derecho más elemental de un usuario: elegir libremente el operador de telecomunicaciones que desea que le preste servicio".

Además, según la UCE, supone una lesión de los derechos económicos de los usuarios, ya que, al ser cambiados de operador sin su consentimiento pasan a efectuar sus llamadas con otra compañía de la que desconocen sus precios e, "incluso pueden tener que seguir pagando los planes especiales que tengan contratados con su operador original, ya que el desconocimiento del cambio les impide anular esta suscripción".

ENCUESTAS El informe está elaborado a partir de encuestas en 1.500 hogares españoles --entre ellos extremeños-- a fin de analizar la evolución del sector de las telecomunicaciones desde su liberalización. El 40% de los encuestados, según la UCE, consideran que con la liberalización no se ha mejorado la protección de derechos de los usuarios.

En cuanto a las prácticas empleadas para efectuar la preasignación fraudulenta, la Unión de Consumidores destaca, "por su agresividad", la falsificación de firmas por parte de los agentes comerciales, así como la consecución de datos bancarios de forma engañosa.

La primera técnica, advierte la UCE, ha provocado la intervención de la fiscalía y la segunda ha generado la reacción de la Agencia de Protección de Datos, pero en ningún caso, ni por parte de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ni de las autoridades administrativas, "se impusieron las sanciones que cabía esperar, ni se articularon medidas tendentes a corregir o eliminar esas prácticas", señala la organización para la defensa del consumidor.