Si los recortes del Gobierno central, la reducción de becas y ayudas y la austeridad impuesta por Bruselas no han pasado una mayor factura al sistema educativo extremeño es porque las familias --también los colegios y los profesores a título particular-- han arrimado el hombro. Los padres de los estudiantes extremeños, que el año pasado destinaron una media de 192 euros por menor a gastos de enseñanza, han incrementado su presupuesto particular para educación un 27% desde el año 2007, cuando gastaban poco más de 120 euros. Por contra, la inversión pública ha descendido en general en más de un 10%. Así lo recoge un informe de la oenegé Save the Children, titulado 'Iluminado el futuro', que alerta de la necesidad de romper de una vez con esta tendencia que amenaza con quebrar la equidad educativa y perpetuar las desigualdades sociales.

"¿De qué sirve que un niño disponga de un aula y un profesor si le faltan los libros, el material escolar o su alimentación no es la adecuada? La equidad educativa significa garantizar un sistema justo, inclusivo y de calidad que asegura el derecho a la educación", señala Andrés Conde, director de la organización.

Extremadura es una de las comunidades que salen peor paradas de este análisis nacional, aunque a su vez es la región española en la que los progenitores realizan un desembolso menor, con 192 euros por niño en el 2013, seguida de Asturias (194), La Rioja (196) y Castilla La Mancha (200). En el lado opuesto están Madrid, Navarra y País Vasco, que dedican más de 500 euros a la educación de cada hijo.

El informe destaca que las familias gastan más en enseñanza en los últimos siete años mientras han visto reducir la capacidad adquisitiva de sus hogares --hasta en un 12% menos en el caso de Extremadura-- y la inversión de políticas de educación, con una caída del 4,4% en la región, el cuarto menor descenso del país según se desprende del informe de Save the Children (basado en datos del Centro de Estudios Económicos Tomillo y del Instituto Nacional de Estadística). "Las administraciones educativas suelen interpretar que estos costes son voluntarios y que, por tanto, dependen de la disponibilidad de recursos económicos. Este hecho sitúa a las niñas y niños con más problemas económicos en una situación de extrema vulnerabilidad ya que sus familias deben costear los servicios complementarios", precisa el estudio.

La oenegé ha elaborado, a partir de 14 indicadores, lo que ha denominado índice de equidad educativa, en el que Extremadura obtiene una nota global de 6,1. Con esta puntuación se convierte en la tercera comunidad autónoma (la cuarta si se tiene en cuenta la ciudad de Melilla) peor posicionada. País Vasco, con un 16,1, está a la cabeza del país. De forma desglosada, si se analiza la equidad solo dentro del ámbito educativo, Extremadura obtiene una puntuación más baja, 5,1, que le coloca a la cola junto con Baleares. Si se tiene en cuenta la equidad de forma global, fuera del sistema de enseñanza, la puntuación sube a 7,1, pero la región sigue a la cola en el ránking, por encima de Murcia y Canaria, que suspenden con poco más de un 4.

"Cuando la fractura de la pobreza aumenta también lo hace la fractura educativa y los niños de familias con un nivel socioeconómico más bajo, o lo que viven en zonas donde hay más desventaja social, tienen más probabilidades de convertirse en absentistas escolares o de abandonar los estudios sin completarlos". El informe determina que "la gratuidad de la educación en España no garantiza el ejercicio real del derecho de los niños en situación de exclusión social. El derecho de educación como oportunidad para alcanzar el máximo desarrollo personal del niño es algo más que una plaza escolar", concluye.