La Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Extremadura (FIEX) considera que a aprobación de la nueva Ley de Extranjería responde a criterios "economicistas" acordes con la realidad de crisis actual que se vive en España y "no en la línea de basar el nuevo modelo productivo español en sectores no precarios y en la lucha contra la economía sumergida".

Según la agencia Europa Press, en su opinión, esta "disfunción traerá consecuencias nefastas" para los inmigrantes, que verán cómo "siguen sin salir del pozo sin fondo" en el que están y "tampoco" conseguirá incidir sobre la integración, "por cuanto ésta debe pivotar sobre la igualdad de trato y oportunidades para toda la población".

Sin embargo, FIEX apuntó en nota de prensa que la integración que entiende la nueva ley supone obligaciones extras para los inmigrantes que verán cómo sus permisos "dependen de una valoración subjetiva" del grado de integración que determinadas autoridades crean que se poseen.

"El hecho de que se siga tratando a la inmigración como un hecho temporal o coyuntural revela lo preocupante de esta nueva ley", sentencia.

Además, entre los derechos que incluye la nueva ley mencionó los de sindicación, huelga o asociación, pero obligada por los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre dichos derechos y no por un "afán motu proprio" de mejorar la ley.

Asimismo, se refiere a la criminalización del inmigrante como el "sentido más negativo", así como lo es la ampliación del internamiento a 60 días, lo que va "más allá de lo que se permite para la extradición internacional penal de los delincuentes".

Igualmente, señala la discriminación en el acceso a la educación de los mayores de edad en contradicción con lo establecido por el Tribunal Constitucional y por tanto "dejando de lado" la interacción entre educación e inclusión social.

En definitiva, FIEX destacó que las limitaciones, sean laborales, sociales o económicas, "siempre serán una remora desincentivadora para la población en general y no sólo para los inmigrantes".