TPtorqué en España hay 3.000 políticos y 7.000 jueces y fiscales aforados o blindados judicialmente, mientras que en Alemania, Reino Unido y EEUU no existe este privilegio, en Italia y Portugal solo blindan a sus jefes de Estado y en Francia a este y sus ministros?; los nuestros son juzgados en el Tribunal Superior de Justicia y en el Tribunal Supremo, precisamente los más politizados de los tribunales.

Las razones son históricas y, una vez consolidado el estado constitucional de derecho, resulta anacrónico este fuero especial jurisdiccional que la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía conceden a los miembros de las cámaras parlamentarias.

La tendencia internacional es reducir al máximo el privilegio procesal, por lo que se tendrían que acotar de manera precisa las actuaciones de los cargos públicos que se someten a esta protección, y no debemos confundir aforamiento con la dignidad exigible en el ejercicio de la representación política del pueblo español, pues ostentar igual condición que la persona representada es suficiente para ejercer dicho servicio público con dignidad y eficacia.

Si defendemos que todo ciudadano pueda optar a ser elegido como representante del pueblo para que la política no acabe en manos de profesionales, deberíamos plantear el plano de igualdad de políticos y ciudadanía, porque si el político se distingue del ciudadano medio en cuanto a mejores condiciones de vida, trato judicial diferenciado, acceso privilegiado a servicios, concursos y convocatorias públicas, entonces es cuando estaremos fomentando la profesionalización, endogamia y bunkerización en la actividad política, a fuerza de convertirla en bocado apetecible para unos y para otros.

XEL GESTOx simbólico realizado por Fernández Vara , renunciando a su aforamiento como político en activo, es harto interesante, sobre todo si provoca una reacción proclive al cambio en las normas legales que otorgan ese privilegio; ya veremos, pues aún no he visto a ningún líder ni grupo político que haya recogido el guante y anunciado la presentación de una iniciativa parlamentaria con esta finalidad (UPyD lo hizo en 2013 y fracasó en el Congreso). Yo creo que no se ha entendido, o no se ha querido entender, la insinuación pretendida con la renuncia notarial de Olivenza, pero no desespero.

Personalmente, entiendo que el pueblo agradecería que el desaforamiento no sólo fuera jurisdiccional, sino integral, hasta rasarse el digno político y el digno ciudadano medio español, pues de nada serviría si se conserva el beneficio del mínimo privilegio en los planos profesional, empresarial, sanitario etc. El principio del mérito y capacidad personales se prostituye si es sojuzgado en razón de intereses de los políticos. Si todos somos iguales, cualquier desigualdad de trato debe estar justificada y debe resultar proporcionada, por lo que ahora toca cucharada y paso atrás en materia de privilegios.