El presidente de la Asamblea, Juan Ramón Ferreira, propone el uso de Parlamento de Extremadura sobre el de Asamblea, que, a su juicio, difumina las funciones del órgano legislativo regional e induce a confusiones lingüísticas. Esta propuesta la ha transmitido a la ponencia responsable del reglamento de la Asamblea.Según informa la agencia Efe, Ferreira propone disminuir la participación de la Junta de Portavoces en la calificación de iniciativas, para ganar en agilidad, al mismo tiempo que mejorar los mecanismos para hacer más rápida su convocatoria y abordar cuestiones de interés para los debates. El presidente considera que la anterior Ponencia adolecía de una regulación clara para potenciar el funcionamiento de las comisiones y dar agilidad y actualidad a sus debates. Por tanto, el nuevo texto propuesto persigue la periodicidad anual de las comparecencias de responsables de organismos de la Comunidad Autónoma de ámbito público, como el Consejo Consultivo o el Consejo Económico y Social. Asimismo, impulsa la creación de una Oficina de Evaluación Legislativa, encargada de estudiar si las leyes regionales aprobadas cumplen la finalidad para la que han sido concebidas. Otra novedad introducida por el presidente es la posibilidad de que las comisiones de estudio fueran creadas, además de a propuesta de la Mesa, a instancias de la Junta de Portavoces, La nueva propuesta plantea que no se interrumpan fuera de los períodos de sesiones (salvo el mes de agosto) los plazos establecidos para que la Junta de Extremadura conteste a las solicitudes de información y a las preguntas escritas, y que el registro telemático esté hábil a todas horas del período de sesiones, a efectos de plazos y presentación de iniciativas. En cuanto al procedimiento legislativo, Ferreira aboga por una mayor participación ciudadana y, especialmente, de los sectores más directamente afectados por el contenido de la ley a tramitar. Así, aboga por que el Parlamento sea el receptor y transmisor de las inquietudes o problemas que vayan a ser regulados por la ley, o que se conjugue la capacidad del Gobierno de preparar la norma y la de los grupos parlamentarios para introducir modificaciones.