El número de domingos y festivos en los que los comercios podrán abrir en Extremadura se reducirá de los doce actuales a únicamente ocho, según ha confirmado la Junta. Además, la jornada semanal quedará fijada en 72 horas semanales, como marca la Ley de Comercio regional, y no en 90 como señalaba un decreto estatal del 2000.

Desde la Junta se ha mostrado satisfacción por el hecho de que el Gobierno haya reconducido las relaciones con las comunidades autónomas en esta cuestión, recuperando un consenso que el anterior Ejecutivo rompió al dictar una norma que muchos Gobiernos regionales, entre ellos el extremeño, consideraron que invadía sus competencias exclusivas en comercio interior, por lo que fue recurrida, dando lugar a un enfrentamiento que aún no se había solventado.

Asimismo, desde la Administración extremeña se aplaude el hecho de que el nuevo ministro de Economía, tras la reunión mantenida con los directores de Comercio de las distintas regiones el pasado miércoles, haya anunciado su intención de que paralizar la absoluta liberalización de horarios comerciales prevista por el Gobierno de Aznar para el 2005, y que había tenido una fuerte contestación en el pequeño comercio.

NORMAS BASICAS De este modo, y siempre según la nota de la Junta, el nuevo Gobierno ha optado por no imponer un régimen obligatorio, sino un marco de mínimos en el que cada región podrá decidir. Así, se podrá optar entre las 72 o 90 horas de jornada laboral semanal, y entre ocho y doce domingos y festivos de apertura cada año.

Lo más relevante de este nuevo modelo, según el Ejecutivo regional, no es la fijación de jornadas y número de fiestas autorizadas para el comercio, sino el hecho de que se devuelve a las administraciones regionales una competencia de la que se les había intentado privar.

En cuanto al próximo año, para el que se había previsto por el Gobierno anterior una libertad absoluta de horarios que, según el pequeño comercio sólo beneficiaba a las grandes superficies y abocaba a la ruina al resto del sector, la previsión del Ejecutivo de Zapatero es la de remitir lo antes posible un proyecto de ley al Congreso que marque un escenario de mínimos, permitiendo a las comunidades autónomas ejercer sus competencias. La primera consecuencia de esta actitud es que se ha acordado retirar los recursos de inconstitucionalidad cruzados entre las administraciones a raíz del decreto del 2000, "y se vuelve a un sistema presidido por el consenso, la armonía y la coordinación entre Estado y autonomías".