El Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida ha impuesto una fianza de 9.000 euros a cinco líderes sindicales extremeños por los incidentes ocurridos en Mérida durante la huelga general del 20 de junio del 2002.
En concreto, el auto judicial, del pasado 18 de junio, se refiere al enfrentamiento que tuvo lugar el 20-J entre el gerente de la empresa municipal de autobuses de Mérida, Prudencio González, y los sindicalistas Miguel Bernal (secretario regional de UGT), Valentín García (entonces secretario regional de CCOO), Juan Manuel González, Juan Luis Lancho y Juan Espino Martín, a los que denunció.
DECISIONES Dentro de este proceso, el juzgado emeritense ha acordado la apertura de un juicio oral ante el Juzgado de lo Penal de Mérida al tiempo que se establece para los cinco sindicalistas acusados una fianza de 9.000 euros. Todos ellos quedan, asimismo, en situación de libertad provisional y con la obligación de comparecer los días uno de cada mes ante el juzgado. El juez aclara en el auto que la apertura de juicio oral es obligatoria debido a que no hay motivos para sobreseer el caso.
El auto detalla que mientras la Fiscalía remitió un escrito solicitando el sobreseimiento del caso y la apertura de un juicio de faltas, la acusación particular solicita para los líderes sindicales una multa y hasta tres año y medio de prisión.
VALORACION El concejal del Ayuntamiento de Mérida Gonzalo García de Blanes, que hizo público el auto, opinó que la decisión del Juzgado de Instrucción ampara "el derecho a la libertad" de los trabajadores municipales presuntamente coaccionados, amenazados e injuriados a decidir si secundaban o no la huelga. También es una prueba de que "en este estado de derecho nadie es impune, nadie puede estar por encima de la ley", subrayó, y aseguró que el equipo de Gobierno es partidario y defensor "de un sindicalismo democrático" y de las libertades y derechos recogidos en la Constitución, informa Efe.
Por su parte, Miguel Bernal dejó claro que hasta el momento el juez no se ha pronunciado sobre el caso y apuntó que "hasta ahora sospechaba que era el gerente de la empresa el que me quería meter en la cárcel" pero ahora "he visto que es el PP el que quiere llevar a la cárcel a los máximos representantes de los sindicatos". A su juicio, esto demuesta "el talante de este partido en sus relaciones con los sindicatos democráticos". Por último, el dirigente sindical recuerda que la Fiscalía ya ha emitido tres informes en los que niega que se haya cometido delito.
