El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto ley por el que se regula la aplicación e implementación de las medidas contenidas en el real decreto ley del Ejecutivo central para racionalizar el gasto público. En él se contemplaban dos tipos de medidas, las que tenían aplicación directa para todas las administraciones y las que necesitaban de un pronunciamiento de carácter regional para su aplicación o, simplemente, daban margen para elegir entre varias opciones de aplicación. En el caso de Extremadura, el decreto ley aprobado se centra, fundamentalmente, en fijar a qué colectivos afecta la supresión de la paga extra de navidad y cómo se regulan los complementos a percibir por el trabajador en caso de incapacidad temporal. En este sentido, la vicepresidenta extremeña, Cristina Teniente, indicó ayer que la Junta ha trabajado para que la aplicación del decreto estatal "incida lo menos posible en los derechos y expectativas de los empleados públicos" y opta en el caso de bajas laborales por "complementar las retribuciones hasta el máximo permitido". Lo cierto es que, respecto a la supresión de la paga extra de navidad o adicionales equivalentes, afectará a funcionarios públicos, interinos, personal laboral, docentes y personal estatutario del SES, personal directivo del sector público, miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos y asimilados, y trabajadores de fundaciones, consorcios, entidades y demás sociedades públicas.

En relación a los complementos en caso de baja laboral, el Ejecutivo extremeño abonará el 100% cuando sean bajas por contingencias profesionales, hospitalización e intervención quirúrgica por enfermedad común. Si es una incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, sin embargo, el complemento se calculará así: durante los tres primeros días, la Junta pagará hasta el 50% de las retribuciones del trabajador; desde el cuarto día al vigésimo, el 75%; y desde el vigésimo día en adelante abonará la retribución íntegra.

Por otro lado, respecto al personal de la Asamblea, será la Cámara la que decida la supresión o no de la paga extra de navidad; mientras que en el caso de las encomiendas de gestión, las empresas a las que se les encargan los trabajos deberán reducir proporcionalmente la caída de la retribución de la tarifa presentada al gobierno.

Cuando todo esto se decidía, medio centenar de personas, de la Plataforma Sindical del Sector Público, protestó a las puertas de Presidencia contra los recortes en los presupuestos del Estado.