El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy una resolución que fija en 184.163,118,77 euros el importe exacto pendiente de compensación, a 31 de diciembre de 2014, de los proyectos de centrales nucleares paralizados en 1997, como el de Valdecaballeros, que es de 85,32 millones.
De esta cantidad, 96,05 millones de euros corresponden al proyecto de Lemóniz (Vizcaya), 85,32 son para Valdecaballeros y 2,78 para la unidad II de Trillo (Guadalajara): todos fueron paralizados definitivamente por la disposición adicional séptima de la Ley 54/1997 de 27 de diciembre del Sector Eléctrico.
La misma resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas fija la anualidad correspondiente a 2014, que es de 35,28 millones de euros para Lemóniz y 31,40 para Valdecaballeros, además de 1,02 para Trillo.
En total, la anualidad del año pasado alcanza los 67,70 millones de euros, algo menos de los 68,30 que se abonaron durante el año 2013.
El BOE recuerda que el Ministerio de Economía y Hacienda autorizó el 27 de junio de 1996 las condiciones de cesión del derecho de compensación y estableció como único cesionario de la totalidad del derecho de compensación al Fondo de titulización de activos resultantes de la moratoria nuclear.
Las compañías beneficiadas incluidas en este fondo son Iberdrola S.A., Compañía Sevillana de Electricidad S.A., Unión Eléctrica Fenosa S.A. y Empresa Nacional de Electricidad S.A., en su condición de titulares de los proyectos de construcción de estas centrales nucleares que nunca llegaron a terminarse.
La moratoria nuclear o suspensión "sine die" de nuevas instalaciones de fisión atómica se aprobó en 1984 durante el primer gobierno del PSOE con Felipe González como presidente del gobierno.
Este aplazamiento se produjo a raíz de las fuertes protestas ecologistas contra el elevado riesgo medioambiental y ciudadano que a su juicio suponía el desarrollo de los programas nucleares y también por la opinión contraria de un sector creciente de la comunidad científica por el peligro de fugas radiactivas y, sobre todo, la complicada gestión de los residuos.
En aquel momento se estableció una cantidad en pesetas equivalente a cerca de 4.400 millones de euros actuales para compensar a las compañías propietarias de las instalaciones en construcción.
Este dinero se ha ido abonando a lo largo de los últimos años a través de un canon o sobrecargo de la factura eléctrica.
