La Junta de Extremadura y los agentes económicos y sociales han firmado hoy el pacto de "Garantía y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público", con el que se pretende blindar la sanidad pública en la región.
El acuerdo ha sido suscrito en la sede de la Presidencia de la Junta por el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles; los secretarios generales de UGT y CCOO en Extremadura, Patrocinio Sánchez y Julián Carretero, respectivamente; y el secretario general de la CREEX, Javier Peinado.
Con este pacto, según ha explicado el consejero, se busca "definir qué sistema sanitario público queremos para saber que tiene que defender la Junta de Extremadura y su presidente sobre cuánta financiación necesitamos para sostenerlo".
Por ello, con este acuerdo se tratará de definir qué porcentaje del PIB regional se debe dedicar a la sanidad pública, aunque Vergeles ha aclarado que para determinarlo, "primero habrá que conocer las reglas del juego" de la financiación autonómica.
Ha precisado, no obstante, que todas las estimaciones económicas realizadas al respecto indican que este porcentaje, para garantizar el sostenimiento y calidad de los servicios, no puede ser inferior al 7 por ciento del PIB, algo que ocurre en la actualidad, ya que se sitúa en el 5,9 por ciento del Producto Interior Bruto nacional.
El documento suscrito recoge, entre otros medidas, la garantía de que no se produzcan injerencias políticas o jurídicas que "menoscaben la calidad o la eficiencia del sistema sanitario de carácter público".
En ese sentido, considera "injustos" los copagos, ya que limitan la accesibilidad a determinadas prestaciones y plantea también la sostenibilidad social del sistema, para que "los pacientes accedan a los tratamientos, por ejemplo de mayor calidad y efectividad", ha dicho José María Vergeles.
El pacto contempla, asimismo, el desarrollo de una política farmacéutica propia para Extremadura, "buscando la eficiencia y el desarrollo sostenible", y la apuesta por "la estabilidad del empleo sanitario", como uno de los elementos "más visibles" del acuerdo.
En ese sentido, Vergeles ha indicado que se trata de llevar la eventualidad e interinididad de los trabajadores en el sistema "al mínimo posible"y ha reiterado la necesidad de establecer un calendario de oposiciones.
El consejero ha destacado también que el documento suscrito apuesta, de igual forma, por "un sistema más preventivista que asistencialista" y fija un compromiso por "la profesionalización de la gestión sanitaria" y por la participación comunitaria en salud.
Patrocinio Sánchez ha indicado que este pacto pretende ser el "eje vertebrador" de la futura Ley en Defensa de la Sanidad Pública de Extremadura, que ha confiado en que pueda salir por consenso y "salvaguardar la cobertura pública y las necesidades sanitarias de todos los extremeños", al margen de cualquier situación económica o política.
Se trata, ha dicho, de reforzar "el derecho a la sanidad universal y gratuita para evitar futuros copagos o privatizaciones", además de promover la investigación y el conocimiento en este ámbito.
Por parte de CCOO-Extremadura, Julián Carretero ha señalado que le da un "valor fundamental" a este pacto en su tránsito hacia la futura Ley deSanidad y se ha mostrado convencido de que "cuando funciona la concertación social, los servicios y las políticas públicas se mejoran".
Ha indicado que España tiene un problema de financiación sanitaria que debe de ser reconocido por todos y ha apostado por un sistema de salud público en el que la financiación sea finalista, porque "no se puede jugar con diferenciaciones en el conjunto del país".
Finalmente, en representación de la patronal extremeña, Javier Peinado ha destacado la importancia y el "calado" del documento suscrito en favor del preservar la defensa de la salud como uno de los pilares del Estado del Bienestar.
Peinado ha aclarado que esta pacto "no va en contra de la sanidad privada", a la que ha definido como "un puntal que sirve para apoyar y apalancar el mantenimiento del sistema sanitario público".
