El Ministerio Fiscal considera que existen "indicios claros" de delito en el cobro de ayudas agrarias por varias empresas vinculadas a Luis Cortés, coordinador regional de Coag. La investigación abierta, --en la que se han detenido a 14 personas y 4 han pasado a disposición judicial--, tipifica este hecho como delito contra la hacienda de las comunidades. Ayer, por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de la localidad cacereña pasaron el dirigente agrario y J.J.G.C., quienes aún no habían prestado declaración judicial.

Tras más de dos horas, la juez determinó para Luis Cortés libertad provisional sin fianza, retirada del pasaporte y obligación de comparecer los día 1 y 15 ante la justicia. Al salir del juzgado, el dirigente de Coag se declaró inocente y aseguró que lo ocurrido responde una persecución contra su persona. Además aseguró que hay documentos que pruebas que "actuó bien en el fondo", aunque reconoció que puede "haber incorrecciones en las formas" seguidas.

Cortés aclaró que se entregó voluntariamente, al conocer el proceso abierto con esta investigación, y afirmó que durante el arresto en la Comandancia de Cáceres ha permanecido "en huelga de hambre" para mostrar su disconformidad con el trato recibido. Por último, el líder extremeño de Coag dijo que a quienes han denunciado --en referencia a la Consejería de Agricultura-- "les ha salido el tiro por la culata", al estar implicados algunos funcionarios de la Junta.

APOYOS Y NUEVO CASO Cortés entró en el juzgado trujillano en torno a las 19.30 horas, donde fue recibido por un grupo de agricultores que quisieron mostrarle su solidaridad. "En muchas casos él nos ha defendido y ahora estamos aquí para apoyarle a él", señalaron los allí presentes. El líder agrario llegó a las dependencias judiciales en un coche de la Guardia Civil y escoltado por otros vehículos policiales.

Por su parte, J.J.G.C, quien consta como presidente de varias empresas involucradas en este fraude, también fue puesto en libertad provisional. Según la Fiscalía, se está investigando a tres sociedades de carácter familiar por un supuesto fraude en las subvenciones comunitarias a la transformación del higo seco cometido en los años 1998-99.

El proceso aún está abierto y el resto de posibles delitos relacionados con el caso son aún "conjeturas", según el Ministerio Fiscal, ya que la investigación se encuentra en su fase inicial y tiene la intención de continuar llamando a declarar a todas aquellas personas presuntamente relacionadas con el fraude. Según ha podido conocer EL PERIODICO EXTREMADURA, derivado de este caso hay abiertos otro proceso judicial en la región por presunto fraude o estafa a un elevado número de agricultores, tanto extremeños como de otras comunidades autónomas.

Este segundo caso se detectó al presentar varios agricultores albaranes de concesión de ayudas que no pudieron cobrar, ya que la Administración extremeña decidió paralizar nuevas ayudas a las empresas de los hermanos Cortés, una vez que se detectaron irregularidades en los pagos de la campaña 98-99.