La Fiscalía Anticorrupción ha pedido dos años de prisión y una multa de 9.000 euros (1,5 millones de pesetas) para Alberto García Valencia, al que considera "verdadero rector" de Lino Textil de Extremadura, por un delito continuado de falsedad en el caso del supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas de este cultivo.

En un escrito entregado ayer al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, el fiscal anticorrupción David Martínez Madero, señala que Lino Textil de Extremadura S.L., con sede en Berlanga, obtuvo la autorización para transformar lino textil el 19 de marzo de 1998.

Añade que pese su caracterización como sociedad de responsabilidad limitada, dicha transformadora aglutinó a un grupo de agricultores, a quienes Alberto García Valencia convenció de los importantes beneficios que podían obtenerse con el cultivo de lino "a pesar de su difícil sino imposible salida comercial gracias al subsidio que ofrecían las instituciones comunitarias".

INSPECCION IN SITU Según el fiscal, así fue como Luis Capote Pantoja, otro de los imputados, accedió a que se presentara el 24 de noviembre de 1998 solicitud de ayuda a la producción de lino textil, en la que constaba la siembra de 6,76 hectáreas de tierras arrendadas a su nombre, de las que se habrían recolectado 6.700 kilos de varilla de lino. Sin embargo, cuando el 21 de julio de 1998 los funcionarios de la Junta de Extremadura realizaron el preceptivo control "in situ" de las superficies sembradas "se constató que la fertilidad de las tierras declaradas como sembradas "era nula".

Pese a ello, García Valencia creó el 31 de agosto de 1999 el instrumento necesario para acreditar ante la administración haber recibido del productor Luis Capote los 6.700 kilos de varilla de lino y que esa misma cantidad había sido transformada en sus instalaciones obteniendo 603 kilos de fibra de lino.

Esta declaración de entrega y transformación derivaba, según el Fiscal, del compromiso concertado por el cual García Valencia se obligaba a pagar un precio de 10.000 pesetas por hectárea, el 50% de la suma restante a la firma del contrato y el otro 50% en el momento de entregar el certificado de transformación.

Valencia también se ocupó de hacer llegar el 20 de noviembre de 1998 ante la Junta de Extremadura el repetido formulario de solicitud correspondiente a Carmen Puerto González, en el que hizo constar la siembra de lino en 77,62 hectáreas, de las que habrían sido recogidos 80.000 kilos de varilla de lino, aunque tras la verificación sobre el terreno la eventual producción fue rebajada a 34,69 hectáreas.

De nuevo García Valencia producía un nuevo certificado que acreditaba haber recibido de Puerto los 80.000 kilos de varilla, que habría transformado en la fábrica y de los que habría obtenido 44.600 kilos de fibra, "lo que era imposible".