Un total de 12 años de prisión y multas por importe de algo más de 85.000 euros son las penas a las que se enfrentan siete acusados por el fiscal de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Cáceres, Juan Antonio Galán, por presuntos delitos contra la ordenación del territorio
Se trata de los siete imputados en tres de las 90 causas que por presuntos delitos urbanísticos investigó el año pasado Galán y de las que, según indicó a este diario, 70 están aún tramitándose, en tres hay ya acusación y se está a la espera de la celebración de los respectivos juicios, y el resto han sido archivadas.
En las tres que están ya pendientes de juicio los presuntos delitos urbanísticos que se imputan se habrían cometido, todos, en la comarca norcacereña del Valle del Jerte.
El matrimonio integrado por Javier P. M. y Emilia M. M., y el constructor Miguel A. B. V., están acusados de un delito contra la ordenación del territorio, por el que el fiscal pide para cada uno 1 año y seis meses de prisión y multa de 12.160 euros, y de un delito de desobediencia, por el que se pide para cada uno 9 meses de prisión. Están acusados de construir una nave industrial en el paraje conocido como Vega del Pejuelo , del término municipal de Navaconcejo, "sin proyecto técnico ni licencia municipal, careciendo de informe de impacto ambiental, y sabiendo que donde lo hacían era suelo no urbanizable protegido".
La misma calificación tiene el el paraje El Mesón del término municipal de Casas del Castañar, donde María G. T y su compañero sentimental Félix B. B. iniciaron la construcción de varias edificaciones sin proyecto técnico ni licencia alguna. Se les acusa por ello de los mismos delitos que a los anteriores, por los que cada uno se enfrentan también a las mismas penas.
Y a 1 año y 6 meses de prisión y multa de 12.160 euros se enfrentan Tomás M. V. y Jorge H. S., acusados de construir sin licencia y sin proyecto técnico en el paraje especialmente protegido Lo Oscurso , en Casas del Castañar.
