El fiscal Anticorrupción Juan Pavia pidió ayer a la Audiencia Nacional que condene a penas que oscilan entre los 7 meses y los 3 años de prisión y multas de entre 6.000 y 191.000 euros a los 18 acusados por el denominado "fraude del lino", que se produjo a raíz de la obtención irregular por parte de agricultores y empresarios de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura de subvenciones de la Unión Europea para la transformación de esta planta para su uso textil.
En el caso del único extremeño imputado en el caso, Alberto García Valencia, que era el responsable de Lino Textil de Extremadura S.L., la única transformadora de este cultivo que había en la región y que estaba ubicada en Berlanga, pide una pena de 2 años de cárcel y multa de 9.000 euros
En la sesión, el fiscal Pavia elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, aunque modificó "puntualmente" el relato de hechos en lo relativo a "errores materiales" y "concreción de fechas". El fiscal, que expondrá su informe el 15 de febrero, mantiene que los imputados incurrieron, al obtener ilegalmente ayudas, en delitos de falsedad en documento oficial o mercantil y fraude de subvenciones.
