La Audiencia Nacional comenzará el próximo jueves el juicio por el caso del supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino textil. Entre los imputados están el responsable de Lino Textil de Extremadura SL, Alberto García Valencia, para el que el fiscal pide dos años de cárcel y 9.000 euros de multa, y el exdirector general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Nicolás López de Coca.
PETICION DE PENAS La Fiscalía Anticorrupción solicitará para los 19 imputados en este caso penas de prisión que van desde los siete meses a los tres años y multas de entre 6.000 y 191.000 euros. En el escrito de conclusiones provisionales del fiscal se imputa a Nicolás López de Coca un delito de tráfico de influencias, ya que se le acusa de presionar al exconsejero de Agricultura de Castilla-La Mancha para modificar una orden autonómica que excluía a sus hijos y otros familiares de la obtención de ayudas de la Unión Europea.
Al resto de imputados, agricultores y responsables de empresas transformadoras de lino, se les acusa de delitos de falsedad en documento oficial o mercantil y fraude de subvenciones.
La investigación se inició a raíz de la comunicación a las autoridades españolas, en marzo del 2001, de un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que alertó de las irregularidades.
El informe de la Fiscalía Anticorrupción describe de forma minuciosa las actividades presuntamente fraudulentas cometidas por diferentes agricultores y empresarios de las comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura desde la temporada 1997/1998 hasta el inicio de la instrucción del caso por parte del juez Baltasar Garzón.
