El fiscal pide tres años de cárcel para los diez imputados por la presunta agresión al alcalde de Villafranca de los Barros, Ramón Ropero, que según denunció éste se produjo el 30 de septiembre del 2005 a la salida de un pleno municipal.

Además, el fiscal también ha pedido el sobreseimiento de la causa abierta contra el portavoz de la Plataforma Ciudadana Refinería No, Reyes González, que en principio también estaba imputado en este expediente.

Aún no hay fecha para el juicio que se deberá celebrar en el Juzgado de lo Penal de Mérida. No obstante, los abogados de los imputados anuncian que solicitarán el sobreseimiento de las causas pendientes contra sus defendidos.

En principio fueron catorce los ciudadanos imputados de los que quedaron diez tras la toma de declaraciones de los testigos y el avance del proceso.

Otro de los portavoces de la plataforma Refinería No, Pedro Sánchez, aseguró ayer en declaraciones a Efe que se está tratando de "presionar" a los miembros de la plataforma para que cesen en su actividad pero "pueden estar muy seguros de que esto no nos va a amedrentar en absoluto", advirtió. "No tienen ninguna prueba de que a este señor le agrediera nadie, otra cosa es que quieran crearla", dijo a esta agencia de noticias.

En su opinión, lo ocurrido ha sido un "montaje" y, como prueba "evidente", explicó que ese día el alcalde aparcó su vehículo en la zona de la plaza donde habitualmente se concentran los miembros de la plataforma, no en el sitio que tiene reservado próximo al ayuntamiento. "Allí no hubo ningún tipo de agresión --insiste-- solo hay un testigo que dice que al alcalde le pegaron un puñetazo".

Para Pedro Sánchez lo más curioso del caso es que el alcalde iba protegido por las fuerzas de seguridad desde que salió del ayuntamiento hasta que se subió a su coche y, sin embargo, "no hubo ninguna detención ni ningún parte de lesiones". "Lo lógico es que cuando un guardia civil o un agente de la Policía Municipal ve que alguien agrede al alcalde, en el acto sea detenido y eso no ocurrió".