Un estado inexplicablemente preocupante" presentan, en palabras del fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco, algunas de las herramientas de trabajo de los fiscales extremeños, como sistemas informáticos que no están interconectados, lo que impide acceder a datos de interés para las investigaciones. Así lo expuso ayer en la Asamblea de Extremadura, ante cuya Comisión de Administración Pública denunció, y reconoció, las numerosas carencias que aún tienen en la Comunidad.
Blanco compareció en la Asamblea, a petición propia, para presentar la Memoria Anual de la Fiscalía, correspondiente al 2007, algo que ocurre por primera vez en virtud del nuevo reglamento de la Cámara y del propio Ministerio Fiscal.
Además de los problemas informáticos, el fiscal superior criticó la falta de espacio en los edificios judiciales de Badajoz, Mérida y Plasencia, aunque reconoció que este problema está en vías de solución; y la carencia de sistemas de videoconferencias en muchos de los juzgados de la provincia pacense, lo que obliga a un continuo desplazamiento de fiscales para realizar breves actuaciones procesales, "con el consiguiente gasto de tiempo y dinero".
De igual forma, Blanco denunció la "injustificable cicatería" en la actualización de textos legales que son "absolutamente necesarios a los fiscales como herramienta de trabajo"; o la situación de la jurisdicción de menores, en especial en la sección de Badajoz, "con un gran volumen de trabajo y un estado lamentable" de las instalaciones de la fiscalía, donde sus funcionarios no ocupan la mismas oficinas y en la que ni siquiera existe una sala de espera. Esto, según Blanco, obliga a los menores y a sus representantes legales a entrevistarse en un pasillo, sin ventilación ni luz exterior, y a compartir espacio con otras personas.
Su comparecencia se completó con un repaso a los datos de la memoria fiscal del pasado año, de la que destacó que refleja un descenso de la delincuencia en Extremadura --Cáceres y Badajoz son la séptima y octava provincia con mayor descenso--, aunque advirtió que las infracciones contra el patrimonio son las que más se repiten en esta comunidad, y alertó sobre un "preocupante aumento" de los robos con violencia o intimidación.
Abogó, respecto a menores, por un fomento de la intervención y mediación entre este colectivo como solución extrajudicial de conflictos; y en el referente a la violencia machista, por la creación de un juzgado exclusivo de violencia contra la mujer en Cáceres, al igual que el que ya existe en Badajoz.
