El fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco, denuncia que algunas herramientas de trabajo de los fiscales extremeños presentan "un estado inexplicablemente preocupante", como sistemas informáticos que no están interconectados, lo que impide acceder a datos de interés para las investigaciones.

Según informa la agencia Efe, Aurelio Blanco comparece a petición propia ante la Comisión de Administración Pública de la Asamblea de Extremadura para presentar la Memoria Anual de la Fiscalía, correspondiente a 2007, algo que ocurre por primera vez en virtud del nuevo reglamento de la Cámara.

El fiscal superior critica la falta de espacio en los edificios judiciales de Badajoz, Mérida y Plasencia, aunque reconoce que este problema está en vías de solución, así como la carencia de sistemas de videoconferencias en bastantes de los juzgados de la provincia pacense, lo que obliga a un continuo desplazamiento de fiscales para realizar breves actuaciones procesales, "con el consiguiente gasto de tiempo y dinero".

De igual forma, Blanco denuncia la "injustificable cicatería" en la actualización de textos legales que son absolutamente necesarios a los fiscales como herramienta de trabajo.

En esta misma línea, critica la masificación de las cárceles extremeñas y la situación de la jurisdicción de menores, en especial en la sección de Badajoz, con un gran volumen de trabajo y con un "estado lamentable" de las instalaciones de la fiscalía, donde sus funcionarios no ocupan la mismas oficinas y en la que ni siquiera existe una sala de espera.

Esto, según Aurelio Blanco, obliga a los menores y a sus representantes legales a entrevistarse en un pasillo sin ventilación ni luz exterior y a compartir este espacio con otras personas.

Con respecto a la Memoria de 2007, el fiscal superior subraya que la delincuencia en Extremadura descendió ese año, ya que los órganos judiciales de la comunidad autónoma incoaron 81.991 procedimientos, lo que supone un descenso de la criminalidad de en torno a un 4,70 por ciento con respecto a 2006.

Asimismo, se ha visto reducida la tasa de delitos por cada mil habitantes, que ha pasado de 77,69 en el año 2006 a 75,22 en el año 2007, lo que sitúa a las provincias de Cáceres y Badajoz en los puestos séptimo y octavo de las que han experimentado un mayor descenso.

En total, los órganos judiciales dictaron el año pasado en la región 6.908 sentencias, agrega Blanco, que hace hincapié también en que las infracciones contra el patrimonio son las que más se repiten en la comunidad autónoma, además de alertar sobre un preocupante aumento de los robos con violencia o intimidación, que experimentaron un incremento cercano al cuatro por ciento.

El fiscal superior reseña que los delitos contra la integridad física de las personas descendieron en 2007 un 6,23 por ciento, mientras que los referidos a la libertad sexual subieron un 25 por ciento.

Por otra parte, Aurelio Blanco observa que la fiscalía de menores intervino sobre 945 chicos de entre 14 y 15 años y sobre 1.644 de entre 16 y 17 años, y aboga por un fomento de la intervención y mediación entre este colectivo como solución extrajudicial de conflictos.

Con respecto a la violencia machista, Blanco indica que en los primeros nueve meses de 2008 se han presentado 1.184 denuncias y se han decretado unas 500 órdenes de protección, lo que supera ya las 1.114 denuncias y 398 órdenes de protección de 2007.

El fiscal superior aboga por la creación de un juzgado exclusivo de violencia contra la mujer en Cáceres, al igual que el que ya existe en Badajoz.

Los portavoces del PSOE y del PP en la Comisión, Estanislao Martín y Antonio Quintana, respectivamente, agradece la comparecencia del fiscal superior de Extremadura ante el Parlamento extremeño y apuestan porque las competencias de Justicia sean asumidas por la Junta con la suficiente dotación económica para mejorar este servicio público en la región.