El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; y el fiscal superior de justicia de la comunidad autónoma, Aurelio Blanco, que ayer mantuvieron un encuentro en Mérida, mostraron su deseo de que la huelga de los trabajadores de la Administración de Justicia "se acabe", pues se sienten "preocupados" por las consecuencias que se van a derivar.

En este sentido, Blanco advirtió que de no llegarse pronto a acuerdo el "atasco" de expedientes se "agravará", y el perjuicio a los ciudadanos "será grave". Concreto en este sentido, que si continúa la huelga, "además de irse acumulando el trabajo y los consiguiente perjuicios sobre los ciudadanos, podrá además afectar a juicios de calado".

Hizo constar, no obstante, que el "atraso es ya considerable", y aunque consideró que "es una exageración decir que se necesitará un año para recuperar los dos meses perdidos", reconoció también que una vez que acabe la huelga será necesario "analizar cada localidad y juzgado para encontrar solución a cada uno de sus atascos".

Además de tratar este asunto, Blanco presentó la nueva Fiscalía Superior de Extremadura a Fernández Vara, a quien pidió que cuente con los fiscales para las comisiones de trabajo o de estudio que se puedan crear con motivo de las negociaciones para el traspaso de las competencias de justicia, al tiempo que se ofreció para aportar todo tipo de información que se necesite.

Y también se abordó en la reunión la puesta en marcha del convenio que firmaron el año pasado en Mérida el presidente extremeño y el ministro de Justicia, Fernández Bermejo, para la formación de fiscales y letrados de la Administración regional.

ACLARACION JUDICIAL Por su parte, los magistrados de los Juzgados de Cáceres reiteraron ayer, jornada de referendo para los funcionarios, que ellos han sido "completamente ajenos" a la huelga de los trabajadores, así como a su "desenvolvimiento y consecuencias"; haciendo constar que "ni se nos ha pedido opinión para fijar los servicios mínimos, ni hemos adoptado decisión alguna respecto a ellos".

Aseguraron seguidamente que, una vez que se ponga fin a la huelga, "que ha implicado la paralización total" de los juzgados, "reanudaremos el desempeño de nuestras funciones constitucionales tal y como lo veníamos haciendo antes de iniciarse el conflicto, en las mismas condiciones". Pero advirtieron que, solucionar en breve plazo la demora que la huelga ha generado, "exigirá dotar de medios extraordinarios la actividad jurisdiccional, competencia constitucional exclusiva de los jueces".