La Fiscalía de Badajoz ha acusado al Grupo Gallardo de realizar vertidos tóxicos ilegales en el alcantarillado de Jerez de los Caballeros durante cinco años. El fiscal culpa directamente a cuatro dirigentes de la empresa jerezana --entre ellos el propio Alfonso Gallardo y Juan Sillero--, para los que pide 7 años y 3 meses de prisión y multas que suman algo más de un millón de euros, además del cierre de la fábrica contaminante durante tres años.

En este sentido, el escrito de acusación remitido por el fiscal Diego Yebra al Juzgado de Instrucción de Jerez de los Caballeros señala, según diversas fuentes consultadas, que "al menos desde 1998" la empresa Alfonso Gallardo SA "ha efectuado diversos vertidos de sustancias ácidas que desembocaron en la red de alcantarillado". Los más importantes se habrían producido en mayo del 2000, en febrero del 2001 y en enero del 2003.

El fiscal pide que por estos hechos, que causaron lesiones a numerosos vecinos, se abra un juicio oral contra Alfonso Gallardo, máximo responsable de la empresa; Juan Sillero, miembro del Consejo de Administración; Santiago Castellano, director de la fábrica; y Angel Cano, jefe de mantenimiento mecánico.

El 10 de mayo del 2000 el vertido causó "graves daños a la estación depuradora", ante lo que el ayuntamiento tuvo que admitir que "durante 15 días no podría garantizar la calidad del agua (...) con el consiguiente riesgo para la salud". Unos meses después un informe de los técnicos de la Junta confirmó que la gestión de los residuos se hacía "incumpliendo la ley".

Pero el caso más grave se produjo el 10 de enero del 2003 a consecuencia, explica el escrito del fiscal, del "incumplimiento de las medidas de atención y mantenimiento mínimamente exigibles" a esta actividad. A esto se suma que la empresa seguía funcionando "sin haber obtenido la legalmente precisa autorización administrativa" cuando se produjo un vertido de ácido clorhídrico que obligó a los bomberos a vaciar varias cisternas de agua en el alcantarillado, mientras que los vecinos de las zonas afectadas tuvieron que desalojar sus viviendas por las concentraciones tóxicas "claramente peligrosas para la salud pública".

Por su parte, el Grupo Gallardo afirmó ayer que aún no conoce el contenido del escrito. En todo caso admite que el procedimiento judicial existe, aunque lo achaca a "un hecho fortuito por la ruptura de un codo de la empresa (...) que se debió al descenso de las temperaturas". Los servicios jurídicos del Grupo Gallardo se muestran convencidos de que en el juicio "se demostrará la inocencia de las personas implicadas" puesto que "se trató de un vertido puntual y accidental y la empresa ha actuado siempre en cumplimiento de la normativa medioambiental".