Dos años de prisión y 10 años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público son las penas que solicita el Ministerio Fiscal para el alcalde de Ceclavín, el socialista Pedro Martín González, al que acusa de un delito continuado de prevaricación urbanística. Para responder de esta imputación, Pedro Martín se sentará el próximo 27 de julio en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres, donde será juzgado por unos hechos ocurridos entre mayo del 2006 y abril del 2007.
Fue a lo largo de dicho periodo cuando, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el alcalde de Ceclavín habría concedido licencias municipales de obras para la construcción de seis viviendas unifamiliares "a sabiendas de que eran contrarias a las normas urbanísticas, pues expresamente se lo había advertido el técnico municipal en sus informes". Sabía que no podía dar dichas licencias "porque las parcelas de los solicitantes carecían de la condición de solar edificable".
La fiscal delegada de Urbanismo y Medio Ambiente detalla en su escrito de acusación las licencias de obras que Pedro Martín concedió, todas ellas mediante resoluciones de la Alcaldía, y "a sabiendas de su injusticia".
Se trata de las licencias concedidas, por resoluciones de la Alcaldía de fechas 5 de mayo del 2006, y 12 de marzo, 19 de marzo y 7 de abril del 2007 para la construcción, respectivamente, de dos viviendas unifamiliares en la calle Presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra (antigua calle Molino), de otra vivienda unifamiliar aislada en la avenida de los Emigrantes, de dos viviendas unifamiliares adosadas en la calle Madrid y de una vivienda unifamiliar con locales en Presidente Rodríguez Ibarra.
Todas ella, se hace constar en el escrito fiscal, las concedió el alcalde de la localidad de Ceclavín "a pesar de que no se había aprobado ni desarrollado la Unidad de Actuación a la que pertenecía el suelo" y, además, "sin contemplar las obligatorias cesiones de suelo", ni "la excepcional obligación de urbanizar simultáneamente" y "sin exigir fianza de ningún tipo" a los solicitantes.
Todas estas resoluciones, se añade, "se dictaron con pleno conocimiento de su contrariedad con el ordenamiento urbanístico", y ocasionaron al ayuntamiento, se estima, un perjuicio patrimonial de algo más de 1,1 millones "como consecuencia de la falta de cesiones obligatorias y gratuitas que debieron asegurarse antes de la concesión de licencias por el acusado".
Este diario intentó ayer contactar con Pedro Martín para conocer su versión de los hechos, pero fue imposible, "pues se encuentra de vacaciones y no estará localizable hasta el próximo día 14", indicaron en el ayuntamiento.
