La Fiscalía pide 21 años de cárcel para Viñuela por el ‘caso Feval’

El juez se basa en el escrito de acusación elaborado por la Fiscalía Provincial de Badajoz en el que solicita 21,6 años de prisión para José Luis Viñuela Díaz (el exdirector de Feval), 11,6 años de cárcel para Juan Francisco Cerrato Monago (exadministrador general) y otros 9,6 años para Juan Villa Habas (exsubdirector general). Más de 40 años de cárcel a la que se suman otros casi 120 años de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o empleo público (65 años para Viñuela, 47 para Cerrato y 14 para Villa).

El fiscal les acusa de varios delitos continuados de falsificación en documento público y/o mercantil, malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Los tres están en libertad tras ser detenidos en mayo de 2013 --junto a otras personas-- y así seguirán. El juez, en el auto de apertura de juicio oral, mantiene la libertad para los tres acusados y les impone una fianza de 270.000 euros a cada uno de ellos «para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudira imponérseles», explica el auto contra el que no cabe recurso alguno, «excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados». Tienen un plazo de un día para realizar el ingreso de la fianza o se procederá al embargo de bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señala, destaca el juez.

El ministerio fiscal considera probado que los exdirectivos de la Feval llevaban años cometiendo diferentes irregularidades en la administrición de la institución. Describe, en concreto, que había descuadres entre el dinero efectivo en Feval (procedente de las actividades de hostelería y restauración, de las máquinas de tabaco o ingresos obtenidos en las ferias) y el saldo que tendría que existir en la hoja de Excel en la que anotaban las operaciones de caja.

DESVÍOS A «CAJA JUAN» / En ese excel bajo la denominación «caja Juan», señala el fiscal, se anotaban las cantidades de efectivo recibidas por Feval que eran entregadas al administrador general --Juan Francisco Cerrato-- «y que este trasladaba a la caja de caudales que tenía en su despacho sin firmar ningún justificante de ellos. A partir de ese momento los miembros del departamento de administración perdían el control sobre el destino de estas cantidades». De esta forma, señala, se iba produciendo un descuadre entre lo que había y lo que debía haber según el Excel, que llegó a suponer más de 181.000 euros entre 2005 y 2009. Considera probado además que al cierre de las cuentas de 2009 Cerrato ordenó suprimir de la contabilidad varios asientos «con la finalidad de que el saldo de caja resultante cuadrase con el dinero efectivo existente».

El fiscal insiste en que toda esta operativa era dirigida por Cerrato «amparándose en la relación de superioridad jerárquica con respecto a los empleados de administración» pero con el conocimiento y consentimiento, dice el escrito, del director general, José Luis Viñuela, «quien rubricaba la manipulación haciendo propia la contabilidad oficial alterada para presentarla ala Junta Rectora del Consorcio».

Pero hay más irregularidades. El fiscal denuncia que Viñuela disfrutó de asistente y chófer personal a pesar de que no estaba establecido así en la relación de puestos de trabajo de la institución, trabajo que ocupó un peón de mantenimiento que dejó de hacer sus labores para tal fin. El ministerio fiscal también acusa a Viñuela y a José Villa de dar órdenes para utilizar recursos de Feval al mantenimiento y mejora de la finca que ambos adquirieron en 1992 en Navalvillar de Pela, al borde del pantano de Orellana, que actualmente es propiedad exclusiva de Villa conservando la prsesión de la misma Viñuela. Según la Fiscalía, «ambos utilizaron a trabajadores de Feval, como jardineros y peones de mantenimiento, para realizar labores de mantenimiento, durante su horario laboral y sin que recibiesen otra contraprestación que su remuneración como asalariados de la institución».

CONTRATOS IRREGULARES / Por otra parte, se hace constar como el 22 de junio de 2009 se firmó un convenio de colaboración entre Consejería de Economía y la Institución Feval para «la definición, diseño, puesta en marcha, despliegue y explotación del centro de emprendimiento TIC de Feval» dotado con una cuantía de 1.373.440€ y cofinanciado en el 75% por fondos Feder. Técnicos de administración recibieron órdenes de fraccionar la fase I de este convenio convenio y redactar tres pliegos diferentes para tres contratos distintos, dando lugar a tres expedientes de contratación distintos: estos tres expedientes de contratación «fueron una falacia», asegura el Ministerio Público, pues en su desarrollo se cometieron múltiples irregularidades y falsedades convirtiéndose en una mera cobertura formal para la adjudicación de los mismos a la empresa Everis.

El Juzgado de Instrucción también considera probadas irregularidades en la contratación de un servicio de asesoramiento para poner en marcha el centro de emprendimiento; el contrato de limpieza con Clece (que prestaba los servicios por más de 170.000 euros anuales), el contrato de servicios con la empresa Gamma XXI para los servicios de alquiler y montaje de ferias (por importes superiores a 465.000 euros en el año 2008). Por todo llo, el caso Feval llega a juicio.