Extremadura, en la encrucijada fiscal española. La comunidad que preside el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra se ha convertido en la referencia del fuego cruzado que PSOE y Partido Popular mantienen sobre el modelo de financiación autonómica que Rodríguez Zapatero elabora de cara a los próximos comicios generales. Un proyecto que los líderes del PP achacan a la necesidad de garantizar el plan fiscal que prometió Pasqual Maragall a Carod Rovira para obtener su apoyo en la carrera hacia la presidencia de la Generalitat.
Para los populares, lo que es bueno para Cataluña no puede ser bueno para Extremadura. Su principal argumento, las conclusiones de los análisis técnicos elaborados por el Ministerio de Hacienda sobre las repercusiones económicas del plan Maragall . Sin embargo, en esta guerra de acusaciones, Zapatero ha querido jugar de mano sentando en la misma mesa de debate a los ideólogos catalanes con Magdalena Alvarez y Manuel Amigo, los consejeros de Economía de las que supuestamente serían regiones perjudicadas, Andalucía y Extremadura.
Los socialistas ya han dejado entrever algunos pilares de su boceto sobre financiación autonómica. El PSOE vuelve a la carga e insiste en las propuestas defendidas por el partido desde el 2001, entre otras, la cesta de impuestos, la creación de agencias tributarias autonómicas consorciadas con la nacional, y la equiparación fiscal a medio plazo de las comunidades autónomas con régimen común con las del País Vasco y Navarra.
Propuesta encubierta
En el PP creen que este diseño es una forma de encubrir la otra realidad, la de un modelo fiscal que provocaría pérdidas de fondos en diez autonomías. Ayer, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, aseguró que la propuesta del PSOE en financiación autonómica coloca a Extremadura y La Rioja como las regiones más perjudicadas. En un encuentro con el presidente del Gobierno, José María Aznar, ambos coincidieron en defender la "cohesión" del actual modelo autonómico frente a la "frivolidad e irresponsabilidad" de las propuestas de los socialistas.
Para el líder del PP extremeño, Carlos Floriano, el modelo cuenta además con el "silencio cómplice" de Rodríguez Ibarra, lo que apuntala los intereses independentistas de los nacionalistas catalanes y vascos.
En el cara a cara planteado por el Ministerio de Hacienda, frente al modelo pactado en el 2001 --(estable, con cesiones en la cesta de impuestos y que distribuye en función a la población, la superficie y la dispersión poblacional)--, se presenta un diseño catalanista en el que se persigue que las autonomías paguen en proporción a la renta de sus habitantes y perciban en proporción a su población, lo que llevaría a la mayoría de las comunidades socialistas a perder parte de sus ingresos.
La balanza fiscal
Un reciente informe del BBVA refleja que Extremadura es una de las regiones más beneficiadas con el actual modelo dado que la Administración central invierte más en la comunidad de lo que ingresa por impuestos y cotizaciones sociales procedentes de los extremeños. En la balanza fiscal, el saldo favorable para Extremadura es de algo más de 2.100 euros per cápita.
A pesar de ello, Amigo ha sido tajante al asegurar que el modelo socialista se parece poco al que descalifica el PP. Así, aclaró sobre el diseño actual que cuando se fija una cantidad y el Estado se reserva la capacidad de modificar las leyes que obligan a las comunidades a más gasto o menos ingresos, el modelo no puede ser "indefinido", pese a que Extremadura lo firmara en su momento.
