La consejera de Fomento, Leonor Martínez Pereda, anunció ayer en Badajoz que la Junta de Extremadura modificará el modelo previsto para adjudicar los pisos baratos del Plan de Viviendas y Suelo, "no por presiones", sino para ajustarse a las exigencias del Plan de Choque del Ministerio de la Vivienda. Para ello se pretenden introducir en el proyecto autonómico una serie de medidas "que darán mayor agilidad y transparencia al mercado inmobiliario".
La consejera de Fomento respondía así al anuncio de recurso judicial presentado por los constructores extremeños contra el plan de la Junta. Tal y como adelantó ayer EL PERIODICO EXTREMADURA, el sector considera una "intromisión ilegal" que la Administración autonómica tuviese potestad para fijar los adjudicatarios de las viviendas de menos de 60.000 euros.
Para la Asociación de Empresarios de la Construcción de Badajoz, el planteamiento del Gobierno regional supone una intromisión en el ámbito de las relaciones contractuales entre promotores y compradores, y defienden que esta medida únicamente seria aplicable para aquellas viviendas que fuesen de promoción pública.
SORPRESA La versión de la Junta es muy distinta. Leonor Martínez Pereda, quien se mostró sorprendida por la decisión de los promotores inmobiliarios, aclaró que estas casas baratas "se pueden adjudicar como quieran las empresas promotoras siempre y cuando se atienda al orden en el que se hayan apuntado los solicitantes y que éstos cumplan las condiciones exigidas para acceder a las mismas".
Según la titular extremeña de Fomento, todas estas matizaciones fueron trasladadas a las asociaciones de constructores en una reunión reciente. Martínez explicó en este encuentro que sólo los concursos que fueran convocados por Gisvesa, --empresa pública creada por la Junta de Extremadura para el Plan de Viviendas y Suelo--, "sería Gisvesa la que habilitaría un registro para que los demandantes se apunten". Esta medida no afecta al promotor colaborador que sólo deberá respetar el orden de preferencia en las solicitudes.
En relación con el procedimiento judicial, la consejera señaló que "continuará su curso, como cualquier otro presentado contra resoluciones de la Junta y decidirán los jueces, pero no nos preocupa". Además, recordó que con la modificación del plan actual "se introducirán cambios y se harán distintos tipos de registro para promociones privadas y públicas, y también para ejercer el derecho de tanteo y retracto", e insistió en que eso "no va a ser un problema para construir y vender viviendas".
