Francisco Martín, director general de Turismo: «Vamos a apagar el incendio que generan los apartamentos ilegales»

--¿Cuáles son los ejes básicos de la nueva ley de turismo?

--Esta modificación de la norma responde a dos ejes básicos, que desarrollaré más adelante, cuya base es: primero, defender a los empresarios que están en la legalidad y a la inversión de activos y segundo, defender a los consumidores para que cuenten con todas las garantías.

--¿En qué se traducen estos ejes?

--Básicamente lo que tratamos es de adaptar la ley a las nuevas necesidades. Por ejemplo, hay varias iniciativas de glamping, una modalidad de turismo que no estaba regulada. Con la nueva normativa abarcamos nuevas realidades. Otro punto importante está en la ampliación del concepto de núcleo rural, que hasta ahora se reducía a municipios de menos de 10.000 habitantes y que ahora se extenderá a las poblaciones de hasta 20.000, para que los empresarios que quieran construir alojamientos en estos pueblos puedan invertir. Además, que de la otra manera nos encontrábamos en contradicción con los fondos europeos de desarrollo rural.

--¿Con qué medidas se pretende proteger a los turistas?

--Te voy a dar dos ejemplos muy claros. En primer lugar, en caso de insolvencia en un viaje combinado, la agencia de viajes debe tener garantías para que se cubra de forma inmediata. Por otro lado, está la publicidad y comercialización de los productos turísticos. Con esta ley implantamos la obligación de que las empresas muestren su número de identificación correspondiente en todas las actividades: tanto en sitios webs, como en promociones, etcétera. Esto supone una garantía de que cumplen con la normativa y además responde al principio de transparencia. En Extremadura tenemos más de 14.000 empresas registradas.

--¿Qué ocurre si las empresas no cumplen?

--Si no se cumple la normativa supondrá una infracción grave. Cada vez que la empresa o plataforma ponga en marcha cualquier actividad tiene que informar de ello. Esto significa que nuestra nueva ley de turismo es una de las más innovadoras que existen: te voy a obligar a colaborar y si no lo haces te voy a sancionar. Combatimos el fraude y defendemos a los empresarios legales, lo cual se traduce en más calidad y más garantías. Ahora bien, este es el anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Gobierno. Ahora se abre un proceso de meses hasta que llegue al Parlamento autonómico.

--¿Cómo se aborda la cuestión de los alojamientos ilegales?

--Lo primero que quiero subrayar es que este es un problema viejo, no un problema nuevo. Todavía recuerdo la comparecencia monográfica que el presidente de Cetex (Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura) dio en el Parlamento en marzo de 2014. El anterior gobierno no hizo nada. Nosotros sabemos que es un problema complejo y no está legislado. Creemos que bajo el prisma de la economía colaborativa se cuela todo y no es economía colaborativa, es economía pura y dura. Nosotros no estamos en contra pero sí lo estamos de que no paguen impuestos, de que no generen empleo y de que distorsionen nuestro modelo de turismo. El turismo es como el urbanismo, hay que ordenarlo y reflexionar sobre qué modelo queremos promover. Estamos hablando de un problema europeo y lo que estamos diciendo es que usted --la plataforma-- aunque tenga sede en Dublín tiene que declarar su alojamiento.

--¿Cómo van a actuar?

--No es que vayamos a actuar, es que ya estamos actuando. Este fenómeno está provocando en algunos lugares turismofobia y problemas de convivencia. Tenemos que comprender la magnitud del incendio y apagarlo. Nosotros diseñamos un plan de respuesta, que parte de impulsar la acción inspectora, luchando contra la economía sumergida y promoviendo una oferta turística homologada, de calidad y segura.

--¿Tienen cifras de cuántas viviendas de este tipo hay en la región?

--Hemos detectado 406 viviendas ilegales en Extremadura. De estas, 102 ya están en actuaciones previas, 48 en proceso de entregar la documentación, 14 expedientes abiertos y dos sancionadas. Sólo en Cáceres, Mérida, Plasencia y Badajoz se encuentran 261 viviendas. Es un fenómeno urbano, no rural, pero también estamos actuando en ese entorno. Creemos en la cooperación con los ayuntamientos para detectar estos alojamientos y a día de hoy 42 consistorios están empezando a identificar estas viviendas.

--¿Qué sanciones se han fijado?

--Para los particulares se impone una sanción de entre 6.000 y 60.000 euros. Más darle publicidad a la vivienda supone de 600 a 6.000 euros. Primero les decimos al propietario: «o se pone al día, o se le va a sancionar». Más que de sanción, también es una labor de orientación.

-¿Y qué hay de las plataformas?

--Ya estamos actuando también en este sentido. Requerimos a la plataforma correspondiente, ya sea Airbnb, Booking, Niumba... que retiren los alojamientos ilegales.

--Además de con los ayuntamientos, ¿van a promover la cooperación con otras administraciones?

--Es la clave de futuro, buscamos el compromiso del Gobierno de España. Llevamos dos años para solucionar este tema, para que en este fenómeno se busque la cooperación. Por eso reclamamos al Gobierno una reunión de la Conferencia Sectorial de Turismo. Además, exigimos la constitución de un grupo interministerial en la que participen las comunidades autónomas y también la Femp (Federación Española de Municipios y Provincias). Se habla de Turismo pero ésta es una problemática trasversal, que abarca a Hacienda, Interior, Empleo o Consumo. Por ejemplo, nadie habla de la seguridad y es muy importante. Cualquier alojamiento legal tiene que comunicar quién está durmiendo allí, mientras que nadie sabe quién duerme en estas viviendas.O, ¿qué pasa si hay un incendio? Además de todos los problemas de convivencia que puede generar. Por eso digo que nuestra legislación es innovadora. También porque en otros sitios la iniciativa se está llevando desde los ayuntamientos. Aquí es el gobierno autonómico el que impulsa una lucha eficaz.