La Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Centros Públicos (Freapa-CP) denunció ayer el aumento de los conciertos educativos con colegios privados aprobados por la Consejería de Educación, que rechaza por considerar que "puede significar un riesgo para el futuro de la escuela pública en la región".
Así lo puso de manifestó Rafael Delgado, presidente de este colectivo, que ha presentado un escrito en la Consejería para mostrar su "firme oposición" a esta situación que está provocando que el porcentaje de alumnos de centros privados concertados haya pasado del 18 al 22% desde la asunción de las transferencias educativas hace ocho años.
Se refirió Delgado a la resolución aprobada por Educación el pasado 1 de agosto, en la que se aprueban una serie de conciertos educativos para el próximo curso, y que pone de manifiesto lo expuesto. Concretó, en este sentido, que en dicha resolución se conciertan nuevas unidades de Infantil "en zonas donde hay oferta pública suficiente para atender la demanda de escolarización". Citó como ejemplos los colegios de Los Salesianos y San Luis en Mérida, "donde se han concertado unidades de Infantil estando colegios públicos casi pared con pared, como el Juan XXIII y el Antonio Machado, con una oferta pública suficiente para atender la demanda de escolarización".
Además, los padres creen que los conciertos en Infantil son un paso previo para seguir más adelante con unidades superiores. Todo ello, insistió Delgado, se está haciendo vulnerando los acuerdos suscritos con la Junta de Extremadura en el pacto por la educación de 1999 "para respetar el equilibrio entre la escuela pública y la privada".
Otra cuestión que preocupa a los padres es que se está propiciando la creación de "guetos educativos", al soportar solo "un puñado de centros públicos", ubicados en barrios marginales de las principales ciudades, "el 90% del alumnado inmigrante y el 100% del alumnado de minorías étnicas", por lo que piden a la Junta que tome medidas para "una distribución más equitativa" de este alumnado.
Si la Junta no toma medidas, advirtió Delgado, la situación puede derivar en que la escuela pública sea la que acoja al alumnado con necesidades educativas especiales, inmigrante y de minorías étnicas, "con lo que algunos de estos centros se podrían acercar peligrosamente al concepto que la sociedad tiene de gueto".
