Las trabas que ponen las administraciones españolas a la implantación de nuevas superficies comerciales de gran formato tienen efectos negativos tanto para la inflación, al no favorecer la competencia de precios que surgiría de la llegada de nuevos operadores, como para el empleo, al impedir la instalación de empresas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de ponerle números a esta situación en un informe que analiza las consecuencias de las restricciones al comercio en cada comunidad española.
El estudio es previo a la llegada del exministro Rodrigo Rato a la dirección general del FMI. Según este organismo, las barreras a las grandes superficies comerciales producen el 10% del desempleo en España, es decir, unas 216.000 personas. En el caso del IPC, la falta de liberalización del sector eleva una décima la inflación. Extremadura es, según el estudio, una de las comunidades que menos sufre las consecuencias de la rigidez de las administraciones. El FMI asegura que la negativa a nuevas superficies comerciales supone el 1% del paro actual de la región. Es decir, que 789 de los 78.950 desempleados con los que cerró la región el 2003 (según la EPA) tendrían un empleo si se liberalizase el sector comercial.
LA ULTIMA PALABRA En los últimos años, a la normativa existente a nivel nacional se ha sumado la legislación propia de las comunidades autónomas, que en la práctica son las administraciones responsables de otorgar al promotor la última licencia necesaria para que se abra la superficie comercial. Cuando más restrictiva es una región más limita la capacidad de creación de empleo, dice el FMI. "Los costes son claramente mayores en Baleares, Cataluña, Navarra y País Vasco", apunta el estudio.
Los obstáculos que ponen las administraciones a la instalación de nuevas grandes superficies buscan equilibrar la oferta y la demanda para no saturar el mercado y también con el objetivo de garantizar la viabilidad del pequeño comercio. Según la patronal de grandes superficies Anged, en España hay en la actualidad 50 licencias de apertura paralizadas, que supondrían una inversión de 1.800 millones de euros (300.000 millones de pesetas).
LA BATALLA DE LECLERC En Extremadura, uno de los casos que más polémica ha levantado en los últimos años ha sido el proyecto para la instalación de un hipermercado Leclerc en Cáceres. Tanto el Ayuntamiento de Cáceres como la Junta de Extremadura han dado el visto bueno a la construcción de este hipermercado, pero la patronal del pequeño comercio de la ciudad ha interpuesto recursos, lo que ha conseguido paralizar por el momento este proyecto.
El estudio del FMI está basado en otro del Tribunal de Defensa de la Competencia Español sobre la legislación de las comunidades autónomas en materia de apertura de grandes superficies en domingos y festivos, así como sobre las trabas de los gobiernos regionales a conceder nuevas licencias a los promotores. La legislación nacional sobre festivos puede cambiar en breve, ya que el nuevo Gobierno quiere reducir el número de días no laborables que se podría abrir.
